El diputado Sebastián Videla llama a la calma a los hinchas loínos y estaría coordinando acciones con otros parlamentarios para evitar eventuales sanciones contra Cobreloa por el incumplimiento del Decreto Supremo N.º 22. Sin embargo, existe una pregunta incómoda que todavía no responde: ¿por qué no actuó cuando la denunciante del caso de violación recurrió reiteradamente a él para pedirle que investigara las irregularidades que rodeaban el caso?
La polémica por las eventuales sanciones que arriesga Cobreloa debido al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N.º 22 del Ministerio del Deporte sigue sumando nuevos antecedentes y protagonistas. Esta vez, el debate tiene como figura al diputado Sebastián Videla, quien ha salido públicamente a entregar tranquilidad a los hinchas loínos, asegurando que el club no sería sancionado y que todo respondería a una cuestión de interpretación de la normativa.
Pero el parlamentario no se ha limitado a llamar a la calma. También estaría articulando gestiones con otros diputados para evitar que Cobreloa enfrente consecuencias administrativas por los hechos y eventuales incumplimientos que hoy están bajo la atención de las autoridades.
Una posición que resulta, al menos, contradictoria cuando se revisan los antecedentes de este caso y, particularmente, el comportamiento que habría tenido el propio parlamentario cuando la denunciante solicitó su intervención.
¿POR QUÉ NO ESCUCHÓ A LA DENUNCIANTE?
Según conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso exclusivo OndaExpansiva.cl, la denunciante recurrió en reiteradas oportunidades al diputado Sebastián Videla, solicitándole que, en su calidad de representante parlamentario de la zona, supervisara e investigara las graves irregularidades que se estaban produciendo en torno a la denuncia por violación.
No se trataba de una controversia deportiva ni de un conflicto entre dirigentes. Se trataba de un delito de extrema gravedad, de una víctima que buscaba apoyo institucional y de antecedentes que requerían atención y fiscalización.
Sin embargo, según los registros conocidos por este medio, aquellos requerimientos no se tradujeron en una intervención efectiva del parlamentario que permitiera esclarecer las situaciones denunciadas.
Con el paso del tiempo se conocieron nuevos antecedentes que hicieron todavía más preocupante el desarrollo de esta historia: la causa terminó archivada en circunstancias que generaron serios cuestionamientos, funcionarios policiales recibieron sanciones y las actuaciones institucionales quedaron bajo escrutinio.
Hoy, cuando las consecuencias administrativas podrían alcanzar a Cobreloa, el diputado parece haber encontrado la urgencia y la capacidad de gestión que, según los antecedentes disponibles, no habría demostrado cuando la denunciante acudió a él.
LA CONTRALORÍA PUSO EL TEMA EN MANOS DEL IND
La discusión adquirió una nueva dimensión luego del pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que estableció que corresponde al Instituto Nacional de Deportes (IND) resolver las medidas que procedan frente al incumplimiento de la normativa vigente.
Entre las facultades que se encuentran en discusión está la eventual eliminación de Cobreloa de los registros de organizaciones deportivas, consecuencia que podría comprometer seriamente su continuidad institucional bajo ese reconocimiento.
El punto central es que el Decreto Supremo N.º 22 no constituye una recomendación ni una formalidad administrativa que las organizaciones deportivas puedan cumplir discrecionalmente. Establece obligaciones concretas en materia de prevención, denuncia, investigación y sanción de conductas de abuso sexual, acoso sexual, maltrato y discriminación.
Por lo tanto, la eventual responsabilidad de Cobreloa debe analizarse conforme a sus obligaciones legales y a las actuaciones de quienes tenían el deber de garantizar el cumplimiento de dicha normativa.
El IND deberá resolver conforme a sus atribuciones, considerando los antecedentes y respetando el debido proceso. No corresponde que la decisión sea condicionada por presiones políticas ni por la legítima preocupación de los hinchas.
LA DOBLE PREOCUPACIÓN DEL DIPUTADO VIDELA
Nadie discute que Sebastián Videla, como diputado, tenga derecho a solicitar explicaciones, defender a una institución deportiva de su región y exigir que cualquier procedimiento sancionatorio respete la ley.
Pero lo que sí merece una explicación pública es la diferencia entre su actual despliegue político para evitar sanciones a Cobreloa y la falta de una respuesta efectiva cuando una denunciante le pidió ayuda frente a una situación de enorme gravedad. Las preguntas son inevitables:
¿Por qué el diputado Sebastián Videla no impulsó acciones de fiscalización cuando la denunciante acudió reiteradamente a él?
¿Por qué no solicitó explicaciones a las instituciones involucradas frente a las irregularidades que se le estaban comunicando?
¿Por qué hoy muestra tanta preocupación por las consecuencias que podría enfrentar Cobreloa, pero no se conoce una actuación equivalente cuando estaba en juego la protección de una víctima?
¿Su compromiso con el deporte y sus instituciones aparece solamente cuando existe el riesgo de una sanción?
Los parlamentarios cuentan con herramientas constitucionales y legales para fiscalizar a los organismos públicos, solicitar antecedentes y exigir explicaciones. No pueden reemplazar a los tribunales ni intervenir indebidamente en investigaciones penales, pero sí tienen el deber de representar las preocupaciones de quienes acuden a ellos. Y una denuncia de esta naturaleza merecía, como mínimo, atención y una respuesta.
COBRELOA NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY
Cobreloa tiene una historia deportiva importante, una hinchada numerosa y un profundo arraigo en la región de Antofagasta. Precisamente por eso, su dirigencia debería ser la primera interesada en demostrar que cumple las normas que regulan a las organizaciones deportivas.
Pero ninguna camiseta, historia institucional ni presión política puede estar por encima de la legislación.
Si existieron incumplimientos del Decreto 22, corresponde que el IND determine las responsabilidades y adopte las medidas que jurídicamente procedan. No se trata de perseguir a Cobreloa ni de perjudicar a sus hinchas. Se trata de establecer si una organización deportiva cumplió o no con las obligaciones que la ley le impone para proteger a deportistas y víctimas de conductas vulneratorias.
Los hinchas merecen tranquilidad, pero las víctimas merecen justicia y las instituciones deben responder por sus actuaciones.
El diputado Sebastián Videla tiene ahora una oportunidad para explicar públicamente por qué, cuando la denunciante golpeó reiteradamente su puerta buscando ayuda, no se conoció una actuación efectiva de su parte.
Porque en esta historia hay algo mucho más importante que el futuro administrativo de un club de fútbol: la obligación de proteger a las víctimas y evitar que las instituciones terminen siendo más importantes que las personas a las que deben proteger.
Y la pregunta que OndaExpansiva.cl deja planteada sigue siendo la misma:
¿DÓNDE ESTABA EL DIPUTADO VIDELA CUANDO LA DENUNCIANTE NECESITABA AYUDA?
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