La paciencia de los chilenos tiene límites. Mientras miles de familias luchan diariamente para llegar a fin de mes, otros, desde las más altas esferas del poder y las instituciones, terminan involucrados en escándalos por el uso de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos.
Una vez más, Chile debe enfrentar una noticia que provoca indignación, molestia y, sobre todo, una profunda sensación de frustración. El excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, fue declarado culpable por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago por delitos de lavado de activos vinculados al uso irregular de gastos reservados de la institución.
El veredicto, adoptado por unanimidad, estableció que recibió durante años dineros provenientes de fondos públicos destinados a gastos reservados, recursos que habrían terminado financiando, entre otras cosas, el pago de un crédito hipotecario y operaciones destinadas a ocultar su procedencia.
Estamos hablando de millones de pesos que no pertenecían a ningún comandante en jefe, ni a generales, ni a funcionarios públicos. Eran recursos fiscales, dinero de todos los chilenos, financiado con los impuestos que paga una ciudadanía que, muchas veces, debe hacer verdaderos malabares para sobrevivir.
Y aquí aparece la pregunta que da título a esta columna: ¿HASTA CUÁNDO? Soportamos a estos sinvergüenzas
¿Hasta cuándo los ciudadanos tendrán que observar cómo personas que han ocupado los más altos cargos de responsabilidad institucional terminan enfrentando a la justicia por el uso indebido de recursos públicos?
¿Hasta cuándo quienes cumplen con sus obligaciones tributarias tendrán que soportar que sus impuestos, destinados a financiar necesidades del país, terminen involucrados en prácticas que los tribunales califican como delitos?
Mientras una familia se pregunta cómo pagar el arriendo, las cuentas de electricidad, los medicamentos o los alimentos; mientras un trabajador teme perder su empleo y un jubilado debe estirar su pensión para sobrevivir el mes, aparecen casos que muestran una realidad difícil de aceptar: existen personas que, habiendo tenido poder, prestigio y privilegios institucionales, también han terminado beneficiándose de recursos que nunca les pertenecieron.
Y esta indignación no nace solamente de este último caso. Es una sensación acumulada durante años, que atraviesa distintos gobiernos y administraciones. No es un problema de los últimos meses ni de los últimos años. Es una deuda histórica con una ciudadanía que exige transparencia, probidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Lo verdaderamente preocupante es que estos episodios terminan debilitando la confianza en las instituciones. El Ejército de Chile, como institución permanente de la República, merece respeto y reconocimiento por la labor de miles de hombres y mujeres que cumplen honestamente con su deber. Precisamente por eso, las conductas de quienes han ocupado sus más altas responsabilidades deben ser investigadas y sancionadas cuando corresponda, sin privilegios ni consideraciones especiales.
No podemos seguir confundiendo el respeto a las instituciones con la obligación de guardar silencio frente a los abusos de quienes las dirigen.
Tampoco basta con que los tribunales dicten veredictos condenatorios. Se requiere que las responsabilidades se establezcan hasta las últimas consecuencias, que se recuperen los recursos públicos cuando corresponda y que se revisen los mecanismos de control que permitieron que estas situaciones ocurrieran.
Porque cada peso que se desvía de su finalidad es un peso que deja de estar disponible para las necesidades de Chile. Y cada caso que queda sin una respuesta proporcional al daño causado alimenta la percepción de que en nuestro país existen ciudadanos de primera y de segunda categoría.
La justicia debe ser igual para todos. No puede depender del cargo que se ocupó, del uniforme que se vistió, de los contactos que se tengan o de la posición económica que se ostente.
Los chilenos no piden privilegios. Piden oportunidades, trabajo, seguridad, salud, educación y, fundamentalmente, que quienes administran los recursos del Estado entiendan que no son dueños de ellos.
HASTA CUÁNDO tendremos que seguir conociendo historias de personas que, después de haber ocupado posiciones de honor y responsabilidad, terminan enfrentando a la justicia por hechos relacionados con el dinero de todos.
La ciudadanía está cansada. Y tiene razones para estarlo.
Porque mientras millones de chilenos trabajan honestamente para ganarse la vida, nadie debería tener la posibilidad de convertir los recursos de todos en un beneficio personal.
Los impuestos los pagan los ciudadanos. La responsabilidad de administrarlos correctamente es de quienes gobiernan y de quienes ejercen cargos públicos. Y cuando esa responsabilidad se traiciona, la sociedad tiene todo el derecho a exigir justicia.
Descubre más desde Onda Expansiva
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
