CASO MARCIANITAS: ANULAN JUICIO QUE ABSOLVIÓ A EX DT EDUARDO FLORES

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogio el recurso de nulidad que interpuso la fiscalia en contra del fallo que habia absuelto al exentrenador, acusado de abuso sexual contra una menor de 14 años, y ordenó repetir íntegramente el proceso. La decisión se conoce en medio de la controversia nacional por las rebajas de condenas otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Un nuevo capítulo se abre en el denominado Caso Marcianitas. La Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió anular el juicio oral que había terminado con la absolución de Eduardo Flores, exentrenador vinculado al hockey patín chileno, quien fue acusado de abuso sexual contra una menor de 14 años.

La decisión implica que el proceso judicial deberá realizarse nuevamente desde el comienzo, con los mismos medios de prueba y testigos que participaron en el juicio anterior, pero ante un tribunal integrado por tres jueces distintos.

La información fue entregada a Onda Expansiva por uno de los abogados de la causa, quien explicó que la resolución de la Corte responde a cuestionamientos sobre la forma en que fueron ponderados los antecedentes presentados durante el juicio.

UN FALLO DIVIDIDO Y UNA ABSOLUCIÓN QUE QUEDÓ SIN EFECTO

En el proceso anterior, Eduardo Flores había sido absuelto por una votación de dos contra uno en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

Sin embargo, uno de los magistrados manifestó una posición disidente y consideró que los antecedentes presentados permitían establecer su responsabilidad penal.

De acuerdo con la explicación entregada por la abogada Cecilia Rivera, la Corte de Apelaciones estimó que la prueba no había sido correctamente ponderada, motivo por el cual dejó sin efecto el juicio y ordenó que se desarrolle uno nuevo.

De esta manera, la absolución anterior queda sin efecto y se debe llevarse a cabo nuevamente el juicio con 3 jueces que no esten inhabilitados

EL CASO MARCIANITAS EN MEDIO DE LA CONTROVERSIA NACIONAL

La decisión judicial se conoce en un momento particularmente sensible para el país, luego de que se revelara que el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad durante el actual Gobierno.

De acuerdo con antecedentes publicados por Interferencia y confirmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, 27 de esos beneficios correspondieron a condenados por abuso sexual de menores y otros 29 a personas sentenciadas por violación.

Las rebajas fueron concedidas mediante decretos administrativos y generaron una fuerte controversia política y pública, especialmente por el hecho de que la legislación modificada en 2022 excluyó de estos beneficios a condenados por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

El debate se intensificó ante la posibilidad de que estas reducciones permitieran a algunos condenados adelantar su salida de prisión. Frente a las críticas, el Gobierno anunció la suspensión de nuevas tramitaciones de rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores y el impulso de modificaciones legales para revisar el acceso a estos beneficios.

LAS FAMILIAS Y DEPORTISTAS SIGUEN ESPERANDO JUSTICIA

En este escenario, la anulación del juicio del Caso Marcianitas representa un nuevo capítulo para las familias, apoderados y deportistas que han seguido de cerca los antecedentes de esta causa.

Desde el entorno jurídico del proceso consideran que la decisión de la Corte reabre las expectativas de quienes han esperado que los hechos denunciados sean examinados nuevamente por un tribunal.

Ahora, la atención estará puesta en la realización del nuevo juicio oral, donde deberán comparecer nuevamente los testigos y presentarse los mismos medios de prueba.

Mientras el país mantiene abierto el debate sobre la respuesta del Estado frente a los delitos sexuales contra menores, el Caso Marcianitas vuelve a instalar una pregunta fundamental: ¿están las instituciones entregando todas las garantías necesarias para que las víctimas puedan acceder a la justicia?