Una querella presentada por Rocío Farías, heredera y coaccionista del Grupo Pullman, apunta contra su hermano Luis Pedro Farías por presunta administración desleal reiterada. La acción judicial estima un eventual perjuicio patrimonial de $173 mil millones, unos US$160 millones, y denuncia falta de transparencia, exclusión de la accionista y un supuesto desvío de activos hacia una sociedad competidora.
Una verdadera guerra familiar se instaló al interior del Grupo Pullman Bus, uno de los principales actores del transporte de pasajeros del país.
Rocío Farías Quevedo, heredera y coaccionista del holding, presentó una querella criminal contra su hermano Luis Pedro Farías Quevedo, a quien acusa del delito de administración desleal en carácter reiterado, en una acción judicial que apunta a esclarecer el manejo de los activos y sociedades que conforman el grupo familiar.
La querella sostiene que el perjuicio patrimonial involucrado alcanzaría al menos $173.000 millones, equivalentes a aproximadamente US$160 millones. La investigación quedó bajo la supervisión del fiscal Fernando Donoso Rosselot, de la Fiscalía Centro Norte.
EL QUIEBRE TRAS LA MUERTE DEL FUNDADOR
El conflicto se habría profundizado luego de la muerte del fundador de Pullman Bus, Pedro Farías Soto, en agosto de 2021.
Según los antecedentes entregados en la acción judicial, tras el fallecimiento de su padre, Luis Pedro Farías habría asumido de manera fáctica la presidencia del directorio, concentrando la administración, representación y decisiones estratégicas del holding.
La denunciante sostiene que, desde entonces, fue progresivamente excluida de la administración pese a ser heredera del 50% de la propiedad, situación que —según la querella— habría impedido el normal ejercicio de sus derechos como accionista.
Entre las situaciones denunciadas se encuentra la paralización de juntas ordinarias de accionistas y sesiones de directorio, además de la negativa a entregar información contable, financiera y tributaria de las sociedades.
La disputa incluso llegó a los tribunales civiles. De acuerdo con la presentación, una medida prejudicial de exhibición de documentos decretada por el 2° Juzgado Civil de Santiago no habría sido cumplida por la administración, acusándose un eventual desacato frente a los requerimientos judiciales.
“MANEJOS OSCUROS” Y FALTA DE TRANSPARENCIA
La abogada de Rocío Farías, Rebeca Zamora Picciani, sostuvo que el objetivo de la acción es establecer las eventuales responsabilidades penales de Luis Pedro Farías y de quienes pudieran resultar responsables.
La defensa de la querellante acusa que Rocío Farías habría sido completamente excluida de la administración pese a su condición de accionista y que se le habría negado reiteradamente información relevante sobre las sociedades del grupo.
“Considerando los antecedentes a los que hemos tenido acceso, recurrir a la vía penal se hizo necesario”, señaló la abogada.
En la misma línea, el abogado Carlos Frías Tapia afirmó que existirían “manejos oscuros”, conflictos de intereses y falta de transparencia que podrían eventualmente constituir conductas reprochables, aunque recalcó que será el Ministerio Público el encargado de determinar responsabilidades.
DEUDAS MILLONARIAS Y UNA EMPRESA PARALELA
La querella se presenta además en medio de un complejo escenario financiero para distintas sociedades vinculadas al Grupo Pullman.
Los antecedentes judiciales mencionan millonarias deudas por cotizaciones previsionales de trabajadores, situación que habría derivado en acciones judiciales y en procesos de liquidación que superarían los $20 mil millones.
A esto se suma un conflicto con BancoEstado. La entidad bancaria habría presentado una demanda ejecutiva contra Inmobiliaria Nova SpA, sociedad vinculada al grupo y titular de activos inmobiliarios estratégicos, por más de $4.314 millones, además de intereses y costas.
Pero uno de los capítulos más delicados de la acusación apunta al supuesto “vaciamiento de activos” hacia estructuras competidoras.
La querella pone bajo la lupa la creación, en agosto de 2025, de la Sociedad de Transportes Arzola Group Limitada, constituida por el gerente de operaciones del holding y señalado en la presentación como hombre de confianza de Luis Pedro Farías.
La sociedad tendría un giro comercial idéntico al de Grupo Pullman Bus y, según la acusación, habría sido utilizada presuntamente para desviar clientes, contratos, rutas e información estratégica perteneciente al negocio familiar. Se trata de una de las materias que deberá ser esclarecida durante la investigación penal.
PULLMAN CARGO, OTRO FRENTE ABIERTO
La crisis también alcanza a Pullman Cargo, filial del grupo que enfrenta un proceso de liquidación solicitado por el sindicato de trabajadores debido al no pago de cotizaciones previsionales por más de $20 mil millones.
De acuerdo con los antecedentes aportados, el 10 de septiembre el 8° Juzgado Civil de Santiago ordenó un proceso de incautación e inventario de bienes en las oficinas de la empresa ubicadas en calle San Borja 1251, además de requerir información contable relacionada con sus activos y pasivos.
Para los abogados de Rocío Farías, la situación resulta especialmente grave porque la heredera habría debido enterarse por la prensa o terceros de hechos críticos relacionados con empresas de las cuales es accionista.
“Le preocupa profundamente ver los efectos que la administración de su hermano ha tenido para los trabajadores y la continuidad de un Grupo que su padre construyó y desarrolló durante décadas”, señaló el abogado Rodrigo Maldonado Santelices.
Así, lo que comenzó como una disputa entre dos herederos por el control y administración del patrimonio familiar terminó escalando hasta los tribunales penales, en una causa que pone bajo escrutinio el manejo de uno de los grupos históricos del transporte chileno.
Ahora será el Ministerio Público el encargado de determinar si las acusaciones contenidas en la querella configuran delitos y quiénes serían eventualmente responsables.
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