Un total de 134 internos de la cárcel de Punta Peuco, todos adultos mayores y condenados por causas vinculadas a derechos humanos, interpusieron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego que Gendarmería ordenara el retiro de refrigeradores personales que los internos utilizan para conservar insumos médicos y alimentos.
La acción legal, que fue presentada por la abogada penalista Carla Fernández Montero, acusa a Gendarmería de Chile de adoptar una medida que vulnera gravemente los derechos fundamentales de los reclusos.
Según la abogada Fernández, la decisión se justifica oficialmente por razones de eficiencia energética, aunque entre los internos se vincula con el anuncio presidencial de convertir Punta Peuco en una cárcel “común”, lo que implicaría la incorporación de nuevos reos con distinto perfil criminológico.
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