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¡QUE QUEDA PARA EL RESTO! PRESENTAN QUERELLA CRIMINAL CONTRA SENADOR CASTRO

En un país donde al ciudadano común le exigen hasta el último papel, firma y autorización e incluso certificado de simpatía para realizar cualquier trámite, resulta particularmente delicado que una controversia de esta naturaleza tenga como protagonistas a quienes precisamente tienen la responsabilidad de resguardar la institucionalidad democrática.

Lo que faltaba en el Congreso: una firma que su supuesta autora desconoce, un documento bajo cuestionamiento y ahora una querella criminal contra un senador de la República. ¡Que queda para el resto!

La polémica que sacude al Senado sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que se presentara una querella criminal contra el senador socialista Juan Luis Castro, a raíz de la eventual utilización de una firma atribuida a la senadora Ximena Órdenes, quien habría desconocido haber autorizado o estampado su rúbrica en un documento relacionado con el retiro de un permiso constitucional.

El episodio ha generado fuertes cuestionamientos, particularmente porque no se trata de un trámite cualquiera, sino de antecedentes que involucran directamente el funcionamiento del Senado y las decisiones que se adoptan en el Congreso Nacional.

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA POLÉMICA?

Todo comenzó cuando se conoció el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, quienes se encontraban acompañando al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

La controversia estalló cuando la senadora Órdenes manifestó que no había solicitado el retiro de su permiso, ni autorizado a terceros para realizar dicho trámite en su representación.

En otras palabras, apareció un documento cuya firma la parlamentaria desconoce, situación que abrió interrogantes sobre quién lo confeccionó, quién lo presentó y bajo qué circunstancias se habría utilizado.

AHORA SERÁ LA JUSTICIA LA QUE DEBERÁ ACLARAR LOS HECHOS

La acción judicial busca determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran existir, esclarecer la participación de los involucrados y establecer cómo llegó el documento cuestionado a los registros parlamentarios.

Porque una cosa es tener diferencias políticas, negociar acuerdos o buscar mayorías para sacar adelante una votación. Otra muy distinta es que se investigue la eventual utilización de la firma de una parlamentaria sin su consentimiento.

¡QUE QUEDA PARA EL RESTO!

Al ciudadano común le pueden rechazar un documento por una firma mal puesta, exigirle una autorización notarial o hacerlo regresar varias veces por un papel faltante. Pero cuando las controversias involucran a quienes ocupan los más altos cargos de representación popular, la exigencia de transparencia y responsabilidad debe ser todavía mayor. Los parlamentarios no están por encima de la ley y la confianza pública no puede transformarse en un privilegio.

Ahora corresponde que la investigación determine qué ocurrió realmente y quiénes deben responder por ello.

En Onda Expansiva seguiremos atentos a este nuevo capítulo de la política chilena. Porque si en el Congreso Nacional aparecen controversias de esta naturaleza, la pregunta resulta inevitable: ¿QUÉ QUEDA PARA EL RESTO?


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