La polémica por las designaciones de último minuto en la administración pública llegó directo al corazón del Ministerio de Defensa. Tras las advertencias del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado —designado por el presidente electo José Antonio Kast— sobre la presunta práctica del gobierno actual de “llenar cargos a última hora”, una de las señales más visibles de este fenómeno aparece en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, bajo la conducción del subsecretario Galo Eidelstein (Partido Comunista).
En los últimos días de su gestión, Eidelstein concretó cuatro nombramientos directos de alto nivel y dejó abiertos concursos para al menos dos cargos claves más, todos con sueldos que superan ampliamente los $4 millones brutos mensuales.
📌 Nombramientos concretados el 1 de diciembre de 2025
Estos cuatro cargos fueron formalizados en los últimos días de la gestión actual:
Roberto Quevedo — Jefe de Presupuesto Bruto mensual $7.030.512
Daniela Carrión — Jefa de Gestión de Recursos Humanos Bruto mensual $4.681.496
Viviana Ambler — Jefa de Atención Ciudadana Bruto mensual $6.364.356
Fabiola Montecinos — Jefa de Auditoría Interna Bruto mensual $6.871.510
📌 Concursos abiertos para nombrar más cargos
Además de esos nombramientos directos, la subsecretaría también inició concursos públicos para cubrir dos jefaturas más, con remuneraciones altas y plazos de cierre cercanos al cambio de administración:
Jefatura del Departamento de Adquisiciones — Sueldo bruto: $4.275.689
Jefatura del Departamento de Políticas Institucionales — Sueldo bruto: $4.275.689
Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) —como **Flor Weisse y Omar Sabat— han denunciado directamente una “ley de amarre” en la Subsecretaría para las FF.AA., responsabilizando a Eidelstein y acusando que estos nombramientos buscan asegurar puestos a personas afines políticamente antes de la llegada del nuevo gobierno.
Los parlamentarios anunciaron que realizarán un catastro exhaustivo de los nombramientos, además de citar al futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, para que informe sobre las designaciones. Incluso advirtieron que podrían promover un proyecto de ley que permita evaluar y eventualmente revertir nombramientos hechos a última hora en toda la administración pública.
El senador y futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), también ha señalado que estos “amarres” no se limitan a Defensa, sino que “están en muchos lugares” de la administración pública, lo que a su juicio es evidencia de un patrón de prácticas que buscan influir en la próxima administración.
Aunque algunos parlamentarios han sido duros en sus formulaciones, el gobierno saliente, representado por el ministro del Interior Álvaro Elizalde, ha tratado de bajar el tono de crisis institucional, en el contexto de las reuniones bilaterales que buscan un traspaso ordenado del poder.
Elizalde ha insistido en que, pese a las diferencias políticas, el traspaso debe ser “ejemplar” y respetuoso de la democracia, y ha señalado que el intercambio de críticas es parte natural del debate político, sin que ello afecte el funcionamiento normal del Estado.
Hasta ahora no ha habido una declaración pública contundente de parte de Galo Eidelstein responsabilizándose por el “amarre”, aunque desde la misma Subsecretaría se ha reiterado en otras ocasiones que las contrataciones y concursos cumplen con la normativa legal y que los cargos son parte de la carrera funcionaria, no puestos de confianza política.
Más allá de la legalidad de los procedimientos, lo que ha encendido la polémica es el momento en que se adoptan estas decisiones: cuando queda cada vez menos tiempo para que el gobierno deje el poder y antes de que el nuevo gabinete —liderado por José Antonio Kast— asuma funciones. Para la oposición y sectores críticos, esto no solo hace más difícil el traspaso de mando, sino que envía una señal de politización de cargos públicos en momentos en que buena parte de la ciudadanía demanda mayor probidad, transparencia y respeto institucional.
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