Una fuerte controversia política y social se desató luego que el ministro de la vivienda Ivan Poduje, presentara una denuncia para investigar la adjudicación de un subsidio habitacional del Fondo Solidario de Vivienda a la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme, Susan Chicuy Godoy madre de sus tres hijos.
El caso ha provocado indignación debido a que el programa está diseñado específicamente para familias de alta vulnerabilidad social que no cuentan con recursos suficientes para acceder a una vivienda propia, mientras que el entorno familiar del parlamentario difícilmente podría ser considerado dentro de los sectores más necesitados del país.
La denuncia busca esclarecer si existieron irregularidades, omisiones o eventuales maniobras para obtener un beneficio estatal financiado con recursos públicos destinados precisamente a quienes viven en condiciones de precariedad extrema y largas listas de espera.
La situación golpea directamente el discurso de probidad y “mano dura” que sectores del Partido Republicano suelen levantar frente al uso de recursos fiscales, abriendo cuestionamientos sobre eventuales privilegios y dobles estándares cuando los involucrados pertenecen al mundo político.
En redes sociales y distintos sectores ciudadanos surgieron críticas inmediatas, apuntando a que miles de familias vulnerables esperan durante años la posibilidad de acceder a un subsidio habitacional, mientras personas vinculadas al poder político logran adjudicarse beneficios concebidos para quienes realmente carecen de alternativas.
Desde el entorno del diputado Alejandro Riquelme han descartado cualquier irregularidad y sostienen que la postulación se habría realizado conforme a las normas vigentes. Sin embargo, la investigación deberá determinar si efectivamente se cumplían todos los requisitos socioeconómicos exigidos por el programa.
El caso vuelve a instalar el debate sobre la transparencia en la asignación de ayudas estatales y el profundo malestar ciudadano frente a situaciones donde beneficios sociales terminan vinculados a figuras políticas o sus círculos familiares, mientras miles de chilenos continúan esperando soluciones habitacionales que nunca llegan.
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