DUCO BAJO FUEGO POR NUEVA POLÉMICA CON LA BECA PRODDAR
Por Osvaldo Silva S.
Una nueva controversia vuelve a instalar al Ministerio del Deporte en el centro del debate público. Esta vez, la discusión no gira únicamente en torno a la aplicación de una norma, sino a los estándares éticos que deben regir el uso de los recursos públicos destinados al alto rendimiento deportivo.
Según informó ADN, la ministra del Deporte, Natalia Duco, habría autorizado que la seremi del Deporte de la Región del Maule, Francisca Mardondes, continuara percibiendo la Beca Proddar, pese a haber asumido un cargo de alta responsabilidad dentro del Gobierno. De acuerdo con la información difundida por ese medio, la decisión se habría sustentado en que las asignaciones correspondientes a su nuevo cargo demoraban en materializarse y en que la autoridad regional mantenía su preparación deportiva.
Sin embargo, más allá de la legalidad de la medida, el caso abre una interrogante mucho más profunda: ¿es éticamente correcto que una autoridad política continúe recibiendo un beneficio económico creado para apoyar a deportistas de alto rendimiento mientras ejerce un cargo público con una alta remuneración y dedicación permanente?
La Beca Proddar nació para respaldar a deportistas que representan al país y que necesitan apoyo económico para entrenar, competir y desarrollar su carrera deportiva. Su propósito nunca ha sido transformarse en un complemento de ingresos para quienes ya ejercen funciones públicas de alta responsabilidad.
Precisamente por ello, el principal cuestionamiento apunta a la responsabilidad política de la ministra Natalia Duco. Quien dirige el deporte chileno no solo debe velar por el estricto cumplimiento de la normativa, sino también por resguardar la confianza ciudadana en el correcto uso de los recursos públicos.
La ciudadanía espera que las máximas autoridades actúen con un estándar superior al mero cumplimiento de la ley. La probidad exige también evaluar el impacto ético de cada decisión y las señales que se entregan a miles de deportistas que, año tras año, luchan por acceder a beneficios como la Beca Proddar.
Resulta igualmente legítimo preguntarse si un cargo como el de secretario regional ministerial es realmente compatible con una carrera deportiva de alto rendimiento. Un seremi representa al Presidente de la República en la región, administra políticas públicas, coordina servicios, supervisa programas y debe estar disponible para responder a las múltiples demandas propias de su función.
Si se sostiene que ambas responsabilidades pueden ejercerse simultáneamente, entonces el debate adquiere otra dimensión. ¿Podría mañana un futbolista profesional en plena competencia asumir una secretaría regional ministerial? ¿Podría un tenista del circuito internacional convertirse en subsecretario sin abandonar su calendario competitivo? ¿Podría un seleccionado nacional compatibilizar concentraciones, giras y competencias con una función ejecutiva dentro del Estado?
La experiencia de los deportistas siempre será un aporte para la gestión pública. Sin embargo, ello no elimina la necesidad de definir prioridades cuando se acepta un cargo de confianza política que exige disponibilidad, liderazgo y dedicación prácticamente exclusiva.
FUNDACIÓN DEFENSORÍA DEL DEPORTISTA MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN
Frente a esta nueva controversia, la Fundación Defensoría del Deportista expresó su profundo rechazo a cualquier situación que pueda desvirtuar el objetivo para el cual fueron creados los recursos públicos destinados al deporte.
Desde la institución señalaron que uno de sus principales objetivos es precisamente velar porque los fondos públicos destinados a los deportistas sean administrados con criterios de equidad, transparencia y justicia, garantizando que lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.
«La Beca Proddar constituye una herramienta fundamental para que cientos de deportistas puedan desarrollar sus carreras representando a Chile. Cada peso destinado al deporte debe cumplir el propósito para el cual fue concebido y no generar situaciones que puedan ser interpretadas como privilegios o excepciones», indicaron desde la Fundación.
Asimismo, la entidad sostuvo que hoy resulta indispensable fortalecer el deporte formativo y ampliar las oportunidades para niños, niñas y jóvenes talentos que muchas veces abandonan la práctica deportiva por falta de apoyo económico.
«Chile necesita invertir mucho más en el deporte de base. Los recursos son siempre limitados y, precisamente por ello, deben administrarse con el máximo rigor ético. Cada beneficio debe priorizar a quienes realmente dependen de ese respaldo para continuar entrenando y compitiendo», agregaron.
Finalmente, la Fundación hizo un llamado al Ministerio del Deporte a revisar los criterios aplicados en este tipo de decisiones y a establecer estándares que no solo resistan el análisis jurídico, sino también el escrutinio ciudadano.
Porque las instituciones públicas no solo deben actuar conforme a la ley. También deben inspirar confianza. Y esa confianza se construye cuando las autoridades comprenden que la ética es tan importante como la legalidad.
En momentos en que el deporte chileno demanda mayores recursos para el desarrollo de nuevos talentos, el fortalecimiento de las escuelas deportivas y el apoyo al deporte formativo, decisiones como esta inevitablemente generan dudas y alimentan la percepción de que los criterios aplicados no siempre responden al principio de equidad que la ciudadanía espera de quienes administran recursos públicos.
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