La polémica por los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) volvió a instalarse en el centro del debate luego de que el expresidente Gabriel Boric cuestionara las acciones de embargo y retención de fondos realizadas a deudores morosos a través de la Tesorería General de la República (TGR).
Según informó La Segunda, durante la administración de Boric se ampliaron las facultades de la Tesorería para agilizar la recuperación de recursos adeudados al Estado, fortaleciendo los procedimientos de cobranza y reduciendo obstáculos administrativos para perseguir el pago de obligaciones impagas asociadas al CAE.
Sin embargo, las críticas formuladas por el exmandatario respecto de los embargos de cuentas bancarias han generado cuestionamientos desde distintos sectores, donde se sostiene que sus declaraciones podrían buscar desvincularlo de la responsabilidad política que tuvo su gobierno en el incremento de la morosidad del sistema.
Diversos analistas y actores políticos recuerdan que una de las principales promesas de campaña de Gabriel Boric fue avanzar hacia el término del CAE y la condonación de las deudas estudiantiles. Para muchos deudores, dichos anuncios generaron expectativas de que las obligaciones serían eliminadas o significativamente reducidas en el corto plazo.
Bajo esta mirada, las reiteradas promesas de condonación habrían contribuido a que miles de beneficiarios dejaran de cumplir regularmente con sus pagos, apostando a una futura solución política. Como resultado, la cartera de morosos continuó creciendo durante los últimos años, incrementando la carga financiera para el Estado y obligando posteriormente a reforzar los mecanismos de cobranza.
Los críticos sostienen que existe una evidente contradicción entre cuestionar actualmente los embargos y, al mismo tiempo, haber impulsado durante su gobierno facultades que permitieron a la Tesorería actuar con mayor rapidez en la recuperación de deudas fiscales. Asimismo, plantean que resulta difícil desligar el aumento de la morosidad de las señales políticas entregadas respecto del futuro del CAE.
La discusión también ha puesto nuevamente sobre la mesa las responsabilidades históricas de quienes diseñaron el sistema de financiamiento estudiantil, así como de los distintos gobiernos que durante dos décadas administraron un modelo que terminó endeudando a cientos de miles de familias chilenas.
Mientras el debate continúa, miles de deudores enfrentan procesos de cobranza cada vez más expeditos, en un escenario donde las promesas de condonación quedaron atrás y donde el Estado busca recuperar recursos que durante años permanecieron impagos.
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