La jueza Irene Rodríguez podría enfrentar una formalización en el marco del caso relacionado con la liberación del sicario venezolano Alberto Mejía, conocido como el asesino del «Rey de Meiggs». La magistrada, quien inicialmente decretó la prisión preventiva del imputado, firmó posteriormente una orden que dejó libre al sicario debido a un error en la identidad presentada, lo que generó una grave confusión en los procedimientos judiciales y penitenciarios.
Ante estos hechos, la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, está a cargo del sumario disciplinario que investiga si hubo negligencia o algún tipo de falta en la actuación de la jueza. Como medida precautoria, Rodríguez fue suspendida de sus funciones durante un mes mientras se realizan las investigaciones. Entre los delitos que se indagan está la posible prevaricación culposa, relacionada con un actuar negligente en la administración de justicia.
El error que derivó en la liberación del sicario se atribuye a una corrección del nombre del imputado en los documentos judiciales, que fue interpretada erróneamente por Gendarmería, enviando una orden revocatoria de la prisión preventiva que dejó en libertad al criminal. La jueza Rodríguez, por su parte, ha expresado que no hubo dolo ni mala intención, y que la corrección se realizó para subsanar un error de tipeo en la identidad del imputado.
Este caso ha generado polémica y acusaciones cruzadas entre el Poder Judicial y Gendarmería, además de suscitar un intenso debate sobre la responsabilidad y los controles judiciales en casos de alta gravedad, como el sicariato. Actualmente, la jueza Rodríguez enfrenta la posibilidad de una formalización penal mientras continúa la investigación.
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