Diputado Roberto Arroyo solicita pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre posible ilegalidad de Presidente Boric en caso de la Casa Allende

El diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano (PSC), anunció que está evaluando presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para determinar si el Presidente Gabriel Boric incurrió en una transgresión constitucional durante el fallido proceso de compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Este inmueble, ubicado en Providencia, estaba destinado a convertirse en un museo en homenaje al exmandatario.

Arroyo busca que el TC se pronuncie sobre la legalidad de las acciones del presidente y, de ser necesario, evalúe una eventual cesación de su cargo. Según el parlamentario, existen «elementos suficientes» que podrían justificar este análisis. «Es fundamental que el Presidente de la República actúe dentro de los marcos legales establecidos en nuestra Constitución. «Si se determina que ha habido una actuación indebida, será necesario analizar su responsabilidad en este asunto», afirmó Arroyo.

El caso ha generado controversia desde que se conoció que la transacción incluía a la senadora Isabel Allende y a la ministra Maya Fernández como vendedoras, lo cual contraviene disposiciones constitucionales que prohíben a altos funcionarios celebrar contratos con el Estado durante su mandato. Este hecho ya resultó en la destitución de Isabel Allende por parte del TC, marcando un precedente significativo.

El diputado Arroyo subrayó los paralelismos entre esta situación y la actuación del Presidente Boric, quien respaldó públicamente a Isabel Allende tras su destitución, calificándola como «dolorosa», pero reiterando su respeto por las decisiones institucionales. Sin embargo, sectores opositores consideran que este respaldo podría implicar responsabilidades políticas adicionales para el Mandatario.

La presentación del requerimiento al TC por parte de Arroyo podría abrir un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y la oposición, generando un debate nacional sobre probidad y cumplimiento constitucional en las altas esferas del poder político.