Un video que muestra a al menos diez uniformados limpiando una piscina tras el aluvión desató críticas en redes sociales. Más allá de la presencia de los militares en la emergencia, los cuestionamientos apuntan al superior que autorizó o permitió destinar a sus subordinados a una tarea que, en principio, correspondía resolver a los propietarios.
La difusión de un video en el que se observa a al menos diez militares limpiando una piscina particular, luego del aluvión que afectó a sectores de Las Condes, abrió una controversia que va más allá de las imágenes. La discusión apunta directamente al criterio de mando de quien permitió que los efectivos fueran destinados a una labor cuya necesidad pública no ha sido aclarada.
Nadie cuestiona que los militares acudan a colaborar frente a una catástrofe. Por el contrario, su participación puede resultar fundamental para auxiliar a las familias afectadas, retirar escombros, recuperar enseres y ayudar a restablecer las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas dañadas.
Lo que resulta cuestionable es que, en medio de una emergencia, un grupo numeroso de uniformados termine limpiando una piscina privada, una tarea que sus propietarios podrían encargar a una empresa especializada, salvo que existieran razones sanitarias o de seguridad que justificaran la intervención estatal.
El problema no son los soldados, sino quien dio la instrucción
Los militares que aparecen en el video probablemente estaban cumpliendo las órdenes recibidas. Por eso, el foco de las críticas no debería ponerse sobre ellos, sino sobre el superior responsable de organizar el trabajo y determinar qué tareas debían realizar sus subordinados.
El mando militar no consiste solamente en impartir órdenes, sino también en decidir responsablemente cómo se utilizan los recursos humanos disponibles. En una emergencia, esa responsabilidad adquiere especial importancia, porque cada efectivo desplegado representa una capacidad de trabajo que podría destinarse a otras necesidades de la comunidad.
La pregunta es directa: ¿qué criterio llevó a permitir que al menos diez militares limpiaran una piscina particular? ¿Quién evaluó que esa tarea justificaba emplear personal uniformado y qué necesidad de interés público se pretendía satisfacer?
Si existían razones excepcionales que justificaban la intervención, corresponde explicarlas. Pero si se trató simplemente de prestar ayuda en la limpieza de una propiedad privada, la decisión merece una revisión y una explicación pública.
No parece razonable que los contribuyentes financien el despliegue de personal militar para resolver labores que pueden ser contratadas por particulares, mientras el mismo contingente podría colaborar en tareas de mayor urgencia para las personas afectadas por el aluvión.
La solidaridad tiene límites cuando se utilizan recursos públicos
La emergencia no puede convertirse en una autorización para utilizar indiscriminadamente los recursos del Estado. La solidaridad pública debe tener criterios claros y distinguir entre las necesidades colectivas y aquellas responsabilidades que corresponden a los propietarios de bienes particulares.
Limpiar una piscina puede ser una tarea necesaria después de un aluvión, pero eso no significa automáticamente que deba realizarla el Ejército. La existencia de barro, agua contaminada u otros riesgos podría justificar una intervención, pero esa circunstancia debe establecerse y no presumirse.
Por eso, resulta necesario conocer quién solicitó el apoyo, qué superior autorizó la tarea y cuáles fueron las instrucciones impartidas. La ciudadanía tiene derecho a saber si la actuación respondió a una necesidad de seguridad o salubridad o si se destinó personal público a una labor de beneficio esencialmente privado.
La ciudadanía merece una respuesta concreta: ¿por qué se destinó a esos efectivos a limpiar una piscina particular y qué justificación tuvo esa decisión?
Porque una cosa es desplegar al Ejército para socorrer a los damnificados y otra muy distinta es utilizar su personal para realizar trabajos que, salvo una razón de interés público debidamente acreditada, corresponden a los propios propietarios.
En una catástrofe, la solidaridad de los militares merece reconocimiento. Pero las decisiones de sus superiores también deben estar a la altura de esa responsabilidad.
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