El reciente fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del denominado caso Procultura, cierra —al menos por ahora— una arista judicial, pero deja abierta una interrogante mucho más profunda y urgente: ¿dónde está el dinero público que no ha sido rendido?
Más allá del debate jurídico sobre el desafuero, lo cierto es que la discusión de fondo sigue intacta. Según los antecedentes conocidos, la fundación Procultura mantiene más de 1.000 millones de pesos sin rendición, recursos públicos que debían destinarse a proyectos culturales y sociales, y cuya trazabilidad hoy resulta difusa.
UN FALLO QUE NO RESUELVE EL PROBLEMA DE FONDO
El rechazo del desafuero no equivale a una absolución ni a la inexistencia de irregularidades. Es, simplemente, una decisión procesal que impide —por ahora— avanzar penalmente contra una autoridad con fuero. Sin embargo, el dinero faltante sigue siendo un hecho objetivo que requiere explicación.
En términos políticos y administrativos, la pregunta sigue vigente:
¿Cómo se entregaron los recursos, qué controles fallaron y quién responde por su destino?
Las declaraciones del propio Orrego
En una rueda de prensa posterior al fallo, el gobernador Claudio Orrego intentó transmitir tranquilidad señalando dos puntos clave:
Que se habrían tomado resguardos mediante seguros de garantía para permitir la eventual recuperación de los fondos.
Que corresponde a la Fiscalía, a través de sus diligencias, determinar el destino de los más de 1.000 millones de pesos no rendidos por la fundación.
Sus declaraciones, lejos de cerrar el debate, lo amplían. Si existen seguros, surge la duda sobre su efectividad real:
¿Se activaron?
¿Cubren la totalidad del monto?
¿Cuándo se recuperarán los recursos?
Y si la Fiscalía debe determinar dónde está el dinero, la pregunta ciudadana es inevitable:
¿cómo se permitió que fondos públicos alcanzaran este nivel de incertidumbre?
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA NO PRESCRIBE
Aunque el fallo judicial limite la persecución penal en esta etapa, la responsabilidad política y administrativa sigue vigente. Los recursos públicos no pertenecen a una autoridad ni a una fundación: pertenecen a los ciudadanos.
Cada peso no rendido representa:
menos cultura,
menos programas sociales,
menos oportunidades para comunidades que confiaron en estos proyectos.
LA PREGUNTA QUE PERSISTE
El caso Procultura se ha transformado en un símbolo de un problema mayor: la fragilidad de los controles en la transferencia de recursos públicos a fundaciones y organizaciones privadas.
El país no necesita solo resoluciones judiciales; necesita respuestas claras.
Porque, al final del día, el fallo podrá cerrar un capítulo procesal, pero no puede cerrar la pregunta que resuena en la ciudadanía:
¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA?
Hasta que esa pregunta tenga una respuesta verificable, documentada y transparente, el caso Procultura seguirá siendo no solo una investigación en curso, sino una deuda abierta con la fe pública.
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