“EL LADRÓN DETRÁS DEL JUEZ”

Una vez más, la Cámara de Diputados nos regala un espectáculo lamentable: la suspensión de una sesión por falta de quórum. Una escena repetida hasta el cansancio, que ya no provoca sorpresa, pero sí una creciente indignación ciudadana. En un país donde la confianza en las instituciones se derrumba a pasos acelerados, ver a nuestros parlamentarios —quienes debieran ser ejemplo de responsabilidad y servicio público— ausentarse de sus deberes, es un acto de desprecio hacia quienes los eligieron.

No se trata solo de una falta administrativa ni de una anécdota menor. Se trata de una señal clara del deterioro moral y político del Congreso. Tal como se advertía recientemente en la columna de Onda Expansiva, los llamados “parásitos del sistema público” no se limitan a burócratas o funcionarios que viven del Estado sin aportar al bien común; también se sientan en los escaños del Parlamento, disfrutando de sueldos privilegiados, asesores, viáticos y beneficios, mientras el país real enfrenta una crisis de confianza, seguridad y productividad.

La Constitución les otorga un mandato claro: fiscalizar al Ejecutivo, velar por el cumplimiento de las normas administrativas y representar los intereses del pueblo. Pero ¿Cómo exigirle probidad o eficiencia a un ministerio o a un servicio público cuando los propios legisladores incumplen sus deberes más básicos? La paradoja es brutal. Pretenden juzgar a otros, pero son ellos los primeros en faltar a la responsabilidad que tanto exigen. Es el viejo refrán hecho carne: el ladrón detrás del juez.

Esta falta de quórum no es una casualidad ni un hecho aislado. Es el síntoma de una clase política que se ha acostumbrado a la impunidad, que funciona más como corporación de privilegios que como poder del Estado al servicio de la gente. Mientras los ciudadanos trabajan, pagan impuestos y enfrentan la dureza de la vida diaria, muchos parlamentarios ni siquiera se dignan a cumplir con su jornada mínima.

El desprecio por la función pública es, en esencia, una forma de corrupción. Porque no solo roba quien mete la mano al erario, sino también quien cobra por un trabajo que no realiza. La ciudadanía está cansada de discursos vacíos y excusas cínicas; lo que se exige hoy es consecuencia y decencia.

En tiempos donde se discute la crisis del Estado, vale la pena recordar que el ejemplo debe partir desde arriba. De lo contrario, la brecha entre los ciudadanos y sus representantes seguirá creciendo, y el Congreso terminará por convertirse —si no lo es ya— en un espejo del desdén y la mediocridad que tanto daño hacen a la República.

Porque, al final del día, lo que vimos con la suspensión de la sesión no fue una anécdota más, sino la confirmación de una verdad incómoda: los que deberían fiscalizar el cumplimiento de la ley son, cada vez más, los primeros en quebrantarla.