La indignación pública ha llegado a un punto de no retorno. Cada nuevo episodio en torno al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, encabezado por Antonia Orellana, refuerza la percepción de un liderazgo ausente y una gestión marcada por la desidia, la improvisación y el abandono de las mujeres que el propio Estado debería proteger.
El caso más reciente, vinculado a la libertad condicional del agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega, expone crudamente las falencias estructurales de la cartera. La inexplicable remoción de Beatriz Ramírez, abogada del Sernameg que representaba a la víctima, dejó a Rifo sin defensa en una audiencia clave, abriendo la puerta a una resolución que indignó al país. Este hecho no solo evidencia una falta de coordinación interna, sino un profundo desprecio institucional hacia las víctimas de violencia extrema.
Pero este episodio no es aislado. Bajo la administración de Orellana, el Ministerio ha acumulado una serie de escándalos que revelan una preocupante falta de compromiso con su misión fundamental. Entre ellos, el caso de la violación masiva atribuida a cadetes del club de fútbol Cobreloa, donde la madre de otro deportista y en representacion de la víctima acudieron reiteradamente al Ministerio sin obtener respaldo ni acompañamiento. El caso terminó archivado sin respuestas claras, y fuentes cercanas aseguran que la ministra negó ante la comisión investigadora de delitos sexuales en el deporte haber tenido conocimiento de la denuncia, pese a los antecedentes internos que apuntarían en sentido contrario.
A esto se suma la controversia por el manejo del caso del ministro Manuel Monsalve, donde una denuncia de violación y la falta de reacción oportuna del gobierno dejaron en evidencia la ausencia de liderazgo político y la falta de protocolos eficaces ante situaciones de alta gravedad. El silencio de Orellana frente a este caso, marcado por su dimensión política y simbólica, fue leído por muchos como una muestra más de una ministra desconectada de la realidad y del dolor de las víctimas.
En paralelo, múltiples organizaciones han denunciado la demora en la implementación de políticas efectivas contra la violencia intrafamiliar, así como la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos para proyectos de género, muchos de los cuales carecen de impacto real en la reducción de la desigualdad o la protección de las mujeres en riesgo. También persiste la opacidad en la gestión ministerial, con dificultades para acceder a información pública y un preocupante debilitamiento de los mecanismos de fiscalización ciudadana.
En un país donde cada día una mujer es víctima de violencia grave o femicidio frustrado, la falta de acción institucional no solo es una falla política: es un acto de irresponsabilidad moral. La ministra Orellana parece más preocupada de administrar el discurso que de cumplir con la misión esencial de su cartera: proteger, acompañar y garantizar justicia para las mujeres. El Ministerio de la Mujer no puede seguir siendo un espacio de inercia y omisiones. La confianza pública está quebrada, y con ella, la legitimidad de una gestión que prometió feminismo y empatía, pero que hoy solo exhibe ineficiencia, silencio y abandono. La continuidad de Antonia Orellana al frente del ministerio se ha vuelto no solo insostenible, sino incompatible con la urgencia de reconstruir un Estado que realmente defienda a las mujeres
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