CASOS DE DANIEL JADUE Y FRANCISCO PULGAR EROSIONAN LA CONFIANZA DE LAS INSTITUCIONES
La frase «Ley pareja no es dura» resume de manera contundente la necesidad de que la justicia se aplique con igualdad y sin privilegios, sin importar el estatus político o social de los involucrados. En el caso de la exclusión de la papeleta electoral del ex alcalde comunista Daniel Jadue, formalizado y privado de libertad por varios delitos, se demuestra un ejercicio riguroso del principio de igualdad ante la ley, protegiendo así la integridad del proceso electoral.
Sin embargo, esta decisión contrasta fuertemente con la situación del diputado desaforado Francisco Pulgar, quien, pese a estar acusado de delitos gravísimos como abuso sexual y violación reiterada contra una menor y encontrarse en arresto domiciliario total, sigue en carrera para un cupo como senador. Este doble estándar genera una profunda sensación de injusticia y desconfianza ciudadana, pues envía un mensaje equivocado sobre la imparcialidad del sistema y la verdadera aplicación de la ley.
Si queremos fortalecer nuestra democracia y credibilidad institucional, es crucial que se implemente la ley con la misma rigurosidad para todos, sin excepciones ni favoritismos. Solo así podremos decir que la ley no es dura, sino pareja, y que la justicia es real para todos.
La postulación de Francisco Pulgar, a pesar de estar formalmente acusado de delitos gravísimos como abuso sexual y violación reiterada contra una menor, genera en la ciudadanía una profunda sensación de impotencia y frustración. Es incomprensible para muchas personas que alguien que enfrenta cargos tan graves pueda aspirar a legislar y decidir sobre los destinos del país.
Esta situación no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también provoca una distancia creciente entre la sociedad y sus representantes. La percepción de impunidad o doble estándar socava los cimientos mismos de la democracia, haciendo que la gente se sienta desprotegida frente a quienes deberían velar por el bienestar común.
Por ello, más allá de las decisiones jurídicas puntuales, es urgente un compromiso ético y político que garantice que solo quienes respetan la ley y los principios fundamentales puedan acceder a puestos de poder que marcan el rumbo del país. La igualdad ante la ley debe ser una realidad tangible, no solo un ideal deseado.
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