LA INJUSTICIA DEL TRATO PREFERENCIAL A LOS PARLAMENTARIOS

En nuestra sociedad, la igualdad ante la ley debería ser un principio inquebrantable. Sin embargo, la realidad nos enfrenta con situaciones que evidencian un trato desigual, especialmente en lo que respecta a los privilegios que disfrutan ciertos sectores, como los parlamentarios. Un claro ejemplo de esta desigualdad se observa en los requisitos que debe cumplir una persona para vender una propiedad.

Actualmente, cualquier persona mayor de 75 años debe presentar ante notarios un certificado de lucidez para poder realizar la venta de un bien inmueble. Esta medida busca evitar fraudes, abusos y decisiones precipitadas, resguardando a personas que por su edad pueden estar en condiciones vulnerables o con disminuciones cognitivas. Sin embargo, este requisito, aplicado rigurosamente al ciudadano común, no se extiende a los parlamentarios, quienes realizan transacciones patrimoniales sin necesidad de validación alguna. Aquí se evidencia un trato preferencial y una preocupante doble moral.

Pero la desigualdad no se limita solo a la protección de su patrimonio personal. Los parlamentarios tienen un rol crucial en la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad. Sus leyes e instituciones repercuten en millones de vidas, y sus facultades no deberían quedar fuera del escrutinio relacionado con su capacidad mental. Por eso, creemos que debería exigírseles el mismo certificado de lucidez para repostularse, particularmente a aquellos que tienen edades avanzadas.

No es poca cosa que en nuestro Congreso existen parlamentarios que superan los 75 o 80 años y que continúan en su cargo sin ningún control sobre su aptitud para legislar. Por ejemplo, el senador Francisco Huenchumilla (81 años), y el senador Jorge Soria (89 años), el senador José Miguel Insunza (81 años) son personajes con una trayectoria política extensa y edades que bien ameritarían una evaluación formal de su capacidad para tomar decisiones complejas. En la Cámara de Diputados, las diputadas María Luisa Cordero (82 años,  Carmen Hertz (79 años) y el diputado Roberto Celedón (78 años) también representan a un grupo que, debido a su edad, podría beneficiarse de esta exigencia para asegurar un ejercicio responsable de sus funciones.

Que no exista un mecanismo que asegure su plena capacidad mental para ejercer el cargo vulnera el principio básico de responsabilidad y eficacia en la función pública.

El exigir el certificado de lucidez no es solo un requisito administrativo, sino una salvaguarda para el buen ejercicio del poder legislativo, que beneficie y proteja a la ciudadanía. Así como protegemos el patrimonio de las personas mayores, también debemos resguardar que quienes deciden por todos estén en condiciones óptimas para hacerlo.

Esta doble vara de medir —exigir certificados a los ciudadanos comunes mayores para una venta de casa y no exigirlo a quienes legislan para millones— desnuda un sistema con privilegios que desalientan la confianza en nuestras instituciones. La igualdad ante la ley debe ser real y efectiva, sin excepciones que favorezcan a una clase política envejecida y sin controles.

En definitiva, la democracia se fortalece cuando quienes ejercen el poder están sujetos a las mismas condiciones y evaluaciones que cualquier ciudadano. Exigir certificados de lucidez a los parlamentarios mayores que buscan continuar en su cargo no solo es justo, sino necesario para garantizar un Congreso responsable, capaz y respetado por todos.