Una nueva arista judicial suma el conflicto generado por las declaraciones de la diputada Marisela Santibáñez en relación con las carreras de galgos. El abogado Oscar Núñez Llanca, en representación de Christian Larenas Dublas, presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso una solicitud de desafuero de la parlamentaria, con el objeto de que se declare que existe mérito para la formación de causa y pueda tramitarse una querella criminal por el delito de injurias graves.
La presentación se vincula con una querella ingresada el 17 de agosto de 2026 ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, bajo el RIT O-5911-2026, caratulada “Larenas/Santibáñez”. Al tratarse de una acción penal privada y por la calidad de parlamentaria de la querellada, su admisión a tramitación requiere previamente el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respecto del desafuero.
El origen de la acción se encuentra en un video publicado por la diputada Santibáñez en su cuenta pública de Instagram el pasado 3 de agosto, en el que, según sostiene la presentación judicial, individualizó por su nombre a Christian Larenas y le atribuyó públicamente maltrato hacia animales, afirmando además contar con pruebas de sus dichos.
El abogado Núñez Llanca sostiene que aquellas expresiones no constituyen simplemente una opinión respecto de las carreras de galgos, sino que implicarían una imputación directa de una conducta deshonrosa a una persona determinada, razón por la cual solicita que sean calificadas como injurias graves.
Uno de los argumentos centrales de la presentación apunta precisamente a que las declaraciones fueron realizadas mediante un video grabado y publicado en una cuenta personal de redes sociales y no durante una sesión de Sala o de Comisión. Por ello, la defensa sostiene que no operarían las normas de inviolabilidad parlamentaria respecto de esas expresiones.
La solicitud no busca que la Corte determine en esta etapa la responsabilidad penal de la diputada, sino que declare si existen antecedentes suficientes para dar lugar a la formación de causa, permitiendo que posteriormente el tribunal competente pueda conocer y resolver la querella de fondo. La propia presentación recuerda que el desafuero constituye un examen previo y no un pronunciamiento definitivo sobre culpabilidad.
Entre los antecedentes acompañados se encuentra el registro audiovisual de las declaraciones, su transcripción, un acta notarial que acredita la publicación y su difusión, además de antecedentes relativos a la cuenta de Instagram desde la cual fueron emitidas las expresiones.
Ahora será la Corte de Apelaciones de Valparaíso, actuando en pleno, la que deberá conocer la solicitud y resolver si existe mérito para autorizar la formación de causa. En caso de acogerse el desafuero, la querella por injurias graves podría continuar su tramitación ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso.
El caso abre así un nuevo capítulo en la controversia en torno a las carreras de galgos, trasladando la discusión desde el ámbito político y público hacia los tribunales de justicia.
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