Caja de pandora: los millonarios contratos de senadores y diputados con el Estado que podrían llegar al Tribunal Constitucional

El acuerdo del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende (PS) marcó un punto de inflexión. Hasta ahora nunca se había ocupado el artículo de la Constitución que ordena cesar de su cargo a los parlamentarios que mantengan contratos con el fisco. La decisión podría abrir una caja de pandora. The Clinic identificó a cinco diputados y senadores que han mantenido acuerdos con el fisco que implicaron pagos con dineros públicos: los senadores Juan Castro (PSC), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Fidel Espinoza (PS), y los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Ximena Ossandón (RN). Es un listado parcial, porque los parlamentarios no siempre declaran todos los negocios en los que participan. Y acá, todos dan su versión y hacen sus descargos. En las bancadas del Congreso ya se analizan nuevas solicitudes de destitución.

La decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende (PS) por firmar un contrato con el Estado para venderle la casa del Presidente Salvador Allende, en $933 millones, marcó un precedente que tiene al mundo político de cabeza analizando otros casos de parlamentarios que podrían verse afectados.

El domingo, en entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, el diputado Gonzalo Winter dijo que había leído un reportaje de The Clinic de hace más de 10 años, donde se enumeraba una serie de parlamentarios que también tenían contratos con el fisco Y aunque el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio erró en la cita (el reportaje fue de La Tercera), bastó ese comentario para que en el Tribunal Constitucional cundiera el nerviosismo.

Aunque la sentencia con la destitución de la senadora Allende aún no está escrita —por ahora se trata de un acuerdo entre los ministros que se filtró a la prensa—, la decisión sienta un precedente que puede significar que los ministros del Tribunal Constitucional deban analizar nuevas solicitudes de destitución.

The Clinic analizó la información disponible de diputados y senadores en bases de datos públicas, y halló varios casos en los que parlamentarios mantienen o mantuvieron contratos con organismos fiscales. Aunque por estos días en las bancadas del Congreso se analizan todo tipo de contratos con el Estado —desde acuerdos con el Banco Estado hasta bonificaciones indirectas por uso de derechos de agua— para este reportaje nos centramos solo en aquellos acuerdos que significaron pagos directos a parlamentarios o a sociedades en las que participan.

La Constitución establece en su artículo 60 que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”, entre otros motivos como aceptar ser director de un banco. Hasta ahora, había sido una norma que no se aplicaba. 

Tampoco se ha aplicado la del artículo 57, que plantea que no podrán ser candidatos al Congreso quienes mantengan contratos con el Estado como persona natural, o bien que sean gerentes o administradores de compañías que tuvieran contratos vigentes con el fisco. 

Este es un listado parcial. Los parlamentarios no declaran todas las sociedades en las que tienen intereses, y muchas veces enmascaran sus negocios armando una cascada societaria. Los sitios de transparencia de los organismos públicos tampoco publican todos los contratos que firman, y esa es otra dificultad para hallar los acuerdos del fisco con empresas vinculadas a diputados y senadores. 

Contratos en la mira que podrían estar en el ojo del Tribunal Constitucional

El senador Juan Castro Prieto (PSC) ha participado en una red de sociedades familiares que incluyen a la Constructora Indemma, la que registra más de $3 mil millones en traspasos desde organismos públicos, según pudo calcular The Clinic luego de revisar decenas de órdenes de compra en Mercado Público.

El también senador Fidel Espinoza (PS) participó formalmente, hasta 2018, en la sociedad Difusora Fresia Limitada, que suma cerca de $14 millones en traspasos con municipalidades de la Región de Los Lagos. Aunque él argumenta que se retiró de la empresa en 2005, y que por un error de inscripción del trámite en el Registro de Comercio eso no se oficializó hasta 13 años después, formalmente siguió apareciendo como socio.

Misma situación del diputado, y actual candidato presidencial, Jaime Mulet (FRVS), quien a través de la empresa Rodríguez y Compañía Limitada, que explota una radio en Vallenar, figura con traspasos comerciales con municipalidades y servicios públicos de esa zona. Aunque Mulet se retiró de esa empresa casi un mes después de asumir como diputado, su esposa Flavia Torrealba (actual presidenta del Frente Regionalista Verde Social) quedó como controladora.

Según los constitucionalistas consultados para este reportaje, la norma que le prohíbe a los parlamentarios mantener contratos con el Estado podría extenderse a sus familiares. Aunque ese es un debate que no se ha generado. Recién ahora, con los ministros del TC votando la destitución de una senadora, el tema está sobre la mesa.

La diputada Ximena Ossandón (RN) participa de una sociedad que es accionista de Cumplo Chile Spa, una fintech que otorga financiamiento a pymes que tienen dificultades para acceder a créditos bancarios. Desde que ella figura como socia la empresa ha recibido más de $28 mil millones desde la Tesorería General de la República y Corfo, debido a que aparece como receptora de fondos que quedaron en garantía por préstamos realizados por Cumplo Chile a numerosas empresas.

Otro caso que ha rondado el Congreso por estos días, y que The Clinic pudo chequear, es el del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien mantuvo arrendada una casona a la Junji hasta noviembre de 2020, por un monto de cerca de $4 millones mensuales. Ese contrato lo firmó junto a un socio en 2015, antes de asumir como parlamentario.

The Clinic conversó con ministros del Tribunal Constitucional, quienes se mostraron inquietos por la información sobre parlamentarios que han firmado algún tipo de contrato con organismos públicos. Ellos prevén dos escenarios: el primero es más probable y apunta a una avalancha de requerimientos de destitución de parlamentarios; y el segundo sería inusual y más escandaloso. Porque, afirman, al no estar escrita aún la sentencia que finiquite la destitución de la senadora Allende, y al ni siquiera haber existido un comunicado público del Tribunal Constitucional cuando se filtró la votación de los ministros, estos podrían cambiar sus votos, y dejar sin efecto el acuerdo al que llegaron.

Los abogados constitucionalistas consultados para este reportaje coinciden en que es necesario esperar la sentencia del tribunal para dimensionar los efectos que tendrá. El fallo, explican, establecerá los detalles para poder analizar si otros parlamentarios podrían seguir el camino de la senadora Allende. Lo que sí está claro es que la decisión del Tribunal Constitucional marcará un nuevo estándar.

Las sociedades familiares del senador Castro Prieto: otro caso en el filo para el Tribunal Constitucional

En 2018 un reportaje de Ciperpuso la alerta en torno a los negocios del senador Juan Castro Prieto (PSC). Entre otras cosas, la investigación detectó que una de las empresas que Castro había omitido en su declaración de patrimonio e intereses, la Constructora Indemma, se había adjudicado licitaciones por más de $5.640 millones en distintas municipalidades del Maule, la zona que representa en el Senado. La mayoría de esos contratos se había firmado cuando Castro era alcalde de Talca, cargo que ostentó antes de llegar a la cámara alta. Sin embargo, el negocio no se detuvo cuando asumió como parlamentario. 

The Clinic identificó al menos 42 órdenes de compra pagadas a Constructora Indemma por distintas reparticiones públicas desde marzo de 2018, cuando Castro asumió en el Senado. En total, los traspasos superan los $3.280 millones hasta 2022. 

Consultado al respecto, Castro aseguró no tener ninguna participación en la constructora, a pesar de que en el Diario Oficial los últimos registros públicos, que datan de 2018, muestran que sí participaba en esa sociedad, a través de otra que sí incluyó en su declaración de patrimonio: Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva, empresa que posee junto a su esposa, Juana Parra Miranda. A través de esa sociedad, que es controlada por el senador, Castro poseía el 50% de Transportes y Movimientos de Tierras Santa Malva, principal accionista de la Constructora Indemma, que es la que acumula contratos con el Estado. 

Según el Diario Oficial, el último registro público que lo muestra con propiedad sobre Constructora Indemma es de septiembre de 2018, cuando Castro ya llevaba seis meses en el cargo. Consultado al respecto, Castro derivó las consultas a la contadora de una de sus empresas, quien indicó a este medio que están buscando el documento que demuestra su salida como accionista. 

Hasta el cierre de este reportaje, la contadora sólo había entregado respaldo de una escritura legalizada en enero de 2020 (vea ese documento), donde se muestra que el senador ya no estaba entre los accionistas de Transportes y Movimientos de Tierras Santa Malva, y en su lugar figuraban tres de sus hijos, por lo que para esa fecha ya no habría tenido participación en la propiedad de Constructora Indemma. 

De todas maneras, considerando solo los pagos emitidos a la constructora desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2019, mientras habría tenido participación en Indemma siendo senador, los montos percibidos por la constructora superan los $1.400 millones.

Sociedades al filo de la norma 

En 2005, el ahora senador Fidel Espinoza (PS) y uno de sus tíos crearon la Radio Nuevo Amanecer, en el sur del país. Ese mismo año Espinoza salió de la sociedad, pero eso no quedó oficializado en el Registro de Comercio hasta 2018. A los ojos del sistema, él seguía formando parte de la sociedad. 

Entre esos años, 2005 y 2018 —en los que Espinoza fue diputado por comunas de la Región de Los Lagos—, Nuevo Amanecer registra más de 40 órdenes de compra en las que se le paga por difusión radial desde los municipios de Fresia y Llanquihue, el Servicio de Salud de Reloncaví y otras instituciones. La suma total de todos los contratos arroja una cifra superior a los $14 millones. 

Consultado por The Clinic, el senador Espinoza aseguró que “puede ser que haya sido un error lo del Registro de Comercio, pero en dicha sociedad jamás participé después de que salí”. Indicó que renunció “inmediatamente cuando se me dijo que era incompatible”. Y agregó: “Jamás he recibido un peso”. 

Luego de que Espinoza salió de la sociedad, su tío permaneció como socio. Que los familiares tomen la posta de los parlamentarios en el control de las empresas, no es una rareza. Lo mismo ocurre con el diputado y candidato presidencial, Jaime Mulet (FRVS).

En abril de 2010, Jaime Mulet y su esposa Flavia Torrealba adquirieron la sociedad Rodríguez y Compañía Limitada. Mulet lo hizo a través de su sociedad Inversiones Mallorca EIRL, quedándose con el 90% de la compañía, mientras que su esposa lo hizo como persona natural, adquiriendo el 10% restante. En 2015, mientras ambos aún mantenían la propiedad, la empresa Rodríguez y Compañía aparece como proveedora del Estado en la plataforma Mercado Público, prestando servicios como radiodifusora. La empresa mantuvo ese rol en 2016 y 2017, año en que Mulet asumió su candidatura a la cámara baja.

En particular, existen seis órdenes de compra pagadas a esa sociedad entre octubre de 2017 y enero de 2018, periodo en que Mulet fue candidato y luego candidato electo, por un total de poco más de $2 millones. A pesar de que dicha compañía siguió prestando servicios como radiodifusora para el Estado, el diputado Mulet indicó a The Clinic que vendió su participación en la empresa en abril de 2018, a menos de un mes de asumir el cargo. Dicha venta fue hecha a una empresa de su esposa, Flavia Torrealba, por $9 millones.

Los negocios de Ximena Ossandón
La diputada Ximena Ossandón (RN) participa en dos sociedades que tienen algún tipo de intercambio comercial con el Estado. Una de esas relaciones ha sido especialmente onerosa. Al menos en el papel. Entre 2015 y diciembre de 2024 la empresa Cumplo Chile S.A. ha recibido más de $28 mil millones de parte de organismos estatales.

Allí Ossandón y su marido comparten propiedad con, al menos, otros 85 socios en un negocio que se dedica a levantar financiamiento para pymes y medianas empresas que tienen dificultades para acceder al financiamiento bancario. Según la versión de la parlamentaria, ella tiene allí el 1,14% de las acciones.

La diputada figura como socia a través de Paul y Compañía Limitada, firma que constituyó junto a su marido, Luis Hernán Paul, en 1989. Con el paso de los años incorporaron como socios a cada uno de sus nueve hijos. En octubre de 2022 esa compañía figura entre los socios que transformaron Cumplo Chile S.A. en una sociedad por acciones.

Los $28 mil millones recibidos por Cumplo Chile desde Corfo y la Tesorería General de la República (TGR), en el periodo en que Ossandón ha sido socia, se materializaron a través del mecanismo establecido por la Ley 19.862 —que permite traspasos desde el Estado a empresas y fundaciones para fines diversos—. Esos pagos aparecen fundamentados como “bonificación por inversión de riego y drenaje”, “innovación empresarial” y “emprendimiento”.

Cumplo Chile funciona como una financiera, y en el caso de los bonos que entrega la Comisión Nacional de Riego, dependiente del Ministerio de Agricultura, el mecanismo es que Cumplo le presta dinero a un receptor del bono, y como respaldo se queda con el bono estatal. Por ello aparece recibiendo tal cantidad de dinero desde la Tesorería General de la República, que opera como institución pagadora. El negocio de Cumplo consiste en prestar a los beneficiarios del bono un monto menor al original, para luego quedarse con el total transferido por el Estado.

Consultada por The Clinic, la diputada Ximena Ossandón aseguró que Paul y Cía Limitada “invirtió efectivamente en acciones de Cumplo el año 2015 y el 2017. Sin embargo, Paúl y Cia es un inversionista pasivo en esta sociedad y yo tengo el 1,14 % por lo tanto no se participa en decisiones y no se recibe información sobre los clientes”.

Hay otro intercambio comercial con el Estado y que podría estar en el ojo del Tribunal Constitucional involucra a Ximena Ossandón. Y esta vez es más directo. En diciembre de 2018, diez meses después que entrara por primera vez al Congreso como diputada, la empresa Asesorías Paul y Cía. Limitada —donde también comparte propiedad con su marido—, celebró un contrato con el Sistema de Empresas Públicas (SEP), para prestar asesorías a la institución en el funcionamiento de su directorio. El monto de la contratación fue de 320 UF de la época, equivalente a casi $9 millones (vea ese contrato aquí).

El esposo de la diputada también fue director del mismo organismo a partir de 2020, según consignó él mismo en su perfil de LinkedIn, durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

La diputada Ossandón confirmó esta información: “En el caso de Asesorías Paúl y Cia, la cual es una sociedad de asesorías e inversiones, en la cual él (Luis Hernán Paul) también me hizo partícipe cuando partió en el año 2009, el realizó efectivamente hace varios años una asesoría al Sistema de Empresas Públicas (SEP) en materia de Gobiernos Corporativos, tema en el cual él cuenta con mucha experiencia y una larga trayectoria”.

El arriendo del senador Cruz-Coke

En noviembre de 2015 Luciano Cruz-Coke, diputado entre 2018 y 2022, y desde entonces senador por la Región Metropolitana, y Juan Carlos Silva, exsubsecretario de las Culturas y las Artes, firmaron un contrato de arrendamiento con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) por un inmueble ubicado en calle Coronel Santiago Bueras 128-130, en la comuna de Santiago. 

El contrato tuvo una duración de cinco años y venció el 9 de noviembre de 2020, pudiéndose renovar por períodos iguales y sucesivos de un año. La renta mensual quedó estipulada en 160 UF, más de $4 millones de la época (vea aquí el contrato). 

Cruz-Coke participó en 2012 de la fundación del movimiento Evolución Política (Evópoli), que en 2015 fue oficializado como partido. En 2017 se presentó como candidato a diputado por el Distrito 10, y tras obtener más de 38 mil votos, asumió el cargo en marzo del año siguiente. 

A mediados de 2018 el entonces diputado Fidel Espinoza (PS) solicitó pasar a la Comisión de Ética de la cámara baja a Cruz Coke por conflicto de interés, apuntando al contrato que este mantenía vigente con la Junji, y argumentando el mismo artículo 60 de la Constitución por el que ahora fue destituida la senadora Allende.

La Comisión de Ética indicó que no tenía facultades para discernir sobre ese punto, y argumentó que el organismo adecuado para resolver era el Tribunal Constitucional, pero entonces no hubo ningún parlamentario que juntara las diez firmas necesarias para presentar una solicitud de remoción ante el Tribunal Constitucional.

Durante el periodo de tiempo en que Cruz-Coke fue parlamentario y mantuvo activo su contrato con la Junji —marzo de 2018 y noviembre de  2020—, recibió junto a su socio unos $147 millones por el arriendo del inmueble. 

El 13 de septiembre de 2024 la casona pasó a ser propiedad de la sociedad Las Fresias SpA, empresa que el Senador constituyó junto a su hijo un año antes. En su última declaración de patrimonio el exdiputado no incluyó a esa compañía.

Actualmente la casona funciona como un centro administrado por la Corporación Opción, organización privada que busca proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Al ser consultado por The Clinic, desde el equipo del senador señalaron que el contrato de arrendamiento estaba expirado y que había sido firmado antes de que Cruz-Coke asumiera como parlamentario.

El debate por el alcance de la norma

Todos los constitucionalistas consultados por The Clinic coincidieron en que la sentencia del Tribunal Constitucional con los argumentos de por qué decidieron destituir a la senadora Allende, será fundamental para establecer los límites de la norma. Por ahora, todo es interpretable.

El abogado constitucionalista —y militante PS—, Flavio Quezada, indica que la norma que impide que los parlamentarios firmen contratos con el Estado sí podría incluir casos como el del senador Juan Castro, que comparte y ha heredado el control de sociedades a sus hijos, “porque la norma lo que señala es que la inhabilidad se configura no solo cuando actúa por sí o por medio de una sociedad, sino que también por interpósita persona”. 

Eso, explica, podría ocurrir cuando un tercero, familiar o cercano al parlamentario, ocupa su lugar en la empresa con el objetivo de representar sus intereses. “Pero habría que ver las circunstancias concretas y ver lo que dice el Tribunal Constitucional, porque la norma da para interpretarlo en esos términos más extensivos. Pero históricamente en los casos de cesación de parlamentarios el tribunal había sido súper restrictivo, hasta ahora”, acota.

Frente a la misma consulta, el abogado constitucionalista —y militante UDI—, Arturo Fermandois, asegura que hasta ahora el criterio para interpretar estas normas es restrictivo, es decir, solo considera los casos que son explícitamente mencionados en la ley. “En estos casos lo usual es que la norma debe decir expresamente que alcanza a familiares consanguíneos, por afinidad, cónyuge, etc. Si no  lo prevé, no se configura la causa”, explica el abogado. 

Fermandois va incluso más allá y pone en duda que la inhabilidad se pueda aplicar cuando el parlamentario está vinculado al contrato a través de una empresa aguas arriba: “Lo que no dispone la norma es qué ocurre si aguas arriba se encuentra en alguna parte el parlamentario como socio o propietario de derechos en una sociedad, es decir, que no es la sociedad contratante sino un accionista de la sociedad contratante y así sucesivamente. Nuevamente aquí debería aplicarse el principio restrictivo. Si la constitución no lo dispuso expresamente, que la cadena aguas arriba queda alcanzada, entonces es solo la primera sociedad”.

Respecto a ese punto, el abogado Flavio Quezada tiene otra opinión: “La propia norma establece que se configura también la inhabilidad cuando el parlamentario actúa por interpósita persona, en el fondo la hipótesis de una triangulación, sea natural o jurídica o cuando lo hace por medio de una sociedad de personas en la que forme parte”.

Fuente: The Clinic