LA AUTOCRÍTICA PENDIENTE Y LA URGENTE PROFESIONALIZACIÓN EN LA ELECCIÓN DE MINISTROS

Por Francisco Herrera

Las recientes declaraciones de la exministra Mara Sedini, en las que formuló severas críticas contra diversas autoridades y personeros de gobierno, inevitablemente reabrieron un debate que parecía cerrado. Sin embargo, más allá de la dureza de sus palabras, hubo una ausencia que llamó poderosamente la atención: la falta de una autocrítica respecto de su propia gestión.

En política es legítimo expresar diferencias, cuestionar decisiones e incluso denunciar errores. Lo que resulta más difícil de comprender es cuando quienes fueron protagonistas de una administración parecen olvidar que también les correspondió tomar decisiones, asumir responsabilidades y responder por sus propios resultados. La ciudadanía espera que quienes ejercieron altas funciones públicas sean capaces de reconocer tanto los aciertos como los errores, especialmente cuando abandonan un cargo.

Pero este episodio trasciende la figura de una exministra. El verdadero problema parece estar en una práctica que se ha repetido en distintos gobiernos: la escasa rigurosidad con que, en ocasiones, se conforman los equipos ministeriales.

En el sector privado, incluso una pequeña empresa suele invertir tiempo y recursos antes de contratar a un ejecutivo. Se revisan antecedentes laborales, se solicitan referencias, se realizan entrevistas sucesivas, evaluaciones psicológicas, pruebas de competencias y análisis de liderazgo. Todo ello con un objetivo evidente: encontrar a la persona más idónea para un cargo que impactará en el funcionamiento de la organización.

Paradójicamente, cuando se trata de administrar un país, donde las decisiones afectan a millones de personas y comprometen miles de millones de pesos del presupuesto público, pareciera que esos estándares no siempre se aplican con la misma rigurosidad.

No basta con la cercanía política, la confianza personal o la representación de determinados sectores. Un ministro debe demostrar capacidad técnica, liderazgo, manejo de crisis, estabilidad emocional, criterio político y una trayectoria que entregue garantías para enfrentar las enormes responsabilidades que implica dirigir un ministerio.

Los recientes episodios protagonizados por Mara Sedini y, anteriormente, por la exministra de Seguridad, vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿están los gobiernos evaluando con suficiente profundidad a quienes designan para ocupar los cargos más relevantes del Estado?

No se trata de buscar culpables individuales ni de hacer leña del árbol caído. Se trata de aprender de los errores y comprender que una mala designación no solo afecta la imagen de un gobierno; también retrasa políticas públicas, genera incertidumbre institucional y termina perjudicando directamente a los ciudadanos.

Chile necesita avanzar hacia un sistema de selección de altas autoridades que combine confianza política con estándares profesionales mucho más exigentes. La democracia exige liderazgos competentes, preparados y con la capacidad de soportar la presión que implica conducir instituciones públicas.

Quizás ha llegado el momento de preguntarse por qué las empresas privadas suelen ser más rigurosas para contratar a un gerente que el propio Estado para nombrar a un ministro.

La confianza política seguirá siendo un elemento indispensable en cualquier administración. Sin embargo, esa confianza nunca debiera reemplazar la experiencia, la idoneidad y las competencias necesarias para ejercer un cargo de tanta trascendencia. La calidad de un gobierno comienza por la calidad de las personas que lo integran, y esa es una responsabilidad que ningún Presidente puede delegar ni relativizar.

Más que una discusión sobre las declaraciones de una exautoridad, este episodio debiera servir como una oportunidad para revisar los mecanismos de selección de quienes conducirán los destinos del país. Porque cuando un ministro fracasa, las consecuencias no recaen únicamente sobre un gobierno: las termina pagando toda la ciudadanía.