Diputados llevan antecedentes al Ministerio Publico y desde la Fundación Defensoría del Deportista valoran la iniciativa
La denuncia presentada ante el Ministerio Publico por un grupo transversal de diputados para que se investiguen eventuales delitos relacionados con la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que durante años se repite en el mundo deportivo: ¿quién responde cuando existen dudas sobre el uso y destino de los recursos públicos destinados al deporte?
Los antecedentes de Contraloría son contundentes respecto de las rendiciones de recursos transferidos por el Instituto Nacional de Deportes (IND) al Comité Olímpico de Chile (COCh). De los $6.499 millones rendidos, $6.315 millones permanecían con observaciones pendientes de subsanar al 30 de junio de 2025.
La situación vuelve a poner bajo la lupa al COCh, encabezado por Miguel Ángel Mujica, como organismo receptor y ejecutor de importantes recursos vinculados al evento, pero también al IND y a quienes tenían responsabilidades de fiscalización y control.
En ese contexto, también surge la necesidad de esclarecer el papel que desempeñó el entonces director del IND, Israel Castro Lopez, quien durante 2025 dejó sorpresivamente su cargo. La investigación deberá establecer qué antecedentes conocía la autoridad, qué medidas se adoptaron frente a las observaciones y por qué estas permanecieron pendientes durante tanto tiempo.
La Contraloría, además, detectó deficiencias en los mecanismos de control del IND y cuestionó la falta de acciones específicas para verificar la autenticidad de los antecedentes asociados a las rendiciones.
¿HASTA CUÁNDO LAS DISCULPAS?
Para muchos deportistas y dirigentes, el problema va mucho más allá de Santiago 2023. Durante años, frente a cuestionamientos por la administración de recursos deportivos, la respuesta muchas veces termina reducida a explicaciones, disculpas o compromisos de corregir las situaciones detectadas.
Mientras tanto, los deportistas —que son finalmente quienes deberían ser los principales beneficiarios de las políticas públicas deportivas— quedan con la sensación de que no existen consecuencias suficientemente claras para aquellos dirigentes o autoridades que no son todo lo prolijos que debieran ser en el cuidado de los recursos públicos.
La pregunta es simple: si existen recursos destinados al deporte, ¿por qué una parte de ellos termina en observaciones, rendiciones pendientes o procesos que se prolongan durante años, mientras los deportistas continúan enfrentando carencias para entrenar, competir y representar al país?
Desde la Fundación Defensoría del Deportista valoraron la decisión de los diputados de llevar estos antecedentes al Ministerio Público y consideraron que se trata de una señal positiva para avanzar, de una vez por todas, hacia una mayor transparencia en el uso de los recursos destinados al deporte.
Desde la organización señalaron que los recursos públicos destinados al deporte deben llegar efectivamente a los deportistas y no quedar en el camino, sin que exista claridad respecto de su destino.
La Fundación agregó que la presentación ante la Fiscalía puede contribuir a establecer responsabilidades y, sobre todo, a terminar con una práctica que genera una profunda sensación de impunidad entre quienes viven y sostienen diariamente el deporte nacional.
Porque el punto no es solamente determinar qué ocurrió con los recursos de Santiago 2023. El verdadero desafío es establecer un precedente: quien administra recursos públicos destinados al deporte debe responder por ellos.
Ahora será el Ministerio Público el que deberá determinar si las irregularidades detectadas corresponden exclusivamente a deficiencias administrativas o si existen eventuales delitos y responsabilidades penales.
Los deportistas merecen algo más que explicaciones. Merecen saber dónde están los recursos que se destinan para ellos y quién responde cuando esos recursos no llegan a destino.
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Excelente la gobernanza del deporte debe ser un ejemplo. Hay que centralizar el proceso de confección, revisón, compliance. Esto puede realizarlo un agente virtual los datos estan claros, hay que estructurarlos.