CONTRALORA DOROTHY PÉREZ Y LA PREGUNTA QUE INCOMODA AL PODER

La gestión de la contralora general de la República, doña Dorothy Pérez, ha marcado un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la ciudadanía. A través de una serie de investigaciones, dictámenes y exposiciones públicas, la Contraloría ha sacado a la luz prácticas irregulares, abusos administrativos y eventuales actos de corrupción que durante años permanecieron invisibles —o derechamente ignorados— para la opinión pública.

Los casos dados a conocer han tenido un alto impacto ciudadano: sumarios a funcionarios, cuestionamientos a millonarios contratos, uso indebido de recursos fiscales, faltas a la probidad y desórdenes administrativos que afectan directamente la confianza en las instituciones. No se trata solo de cifras o tecnicismos legales, sino de hechos concretos que confirman una percepción largamente instalada en la sociedad: el mal uso del poder público existe y tiene consecuencias reales.

Sin embargo, el efecto más profundo de esta ofensiva fiscalizadora no está solo en lo que se ha descubierto, sino en la pregunta que inevitablemente surge:

👉 ¿Por qué estos casos no se conocieron antes?

👉 ¿Acaso antes no existían actos de corrupción?

Resulta poco creíble sostener que las irregularidades comenzaron recién ahora. Lo que cambia no es la existencia de los hechos, sino la voluntad institucional de investigarlos, exponerlos y enfrentarlos con decisión. La actual gestión parece haber entendido que la Contraloría no es un organismo decorativo ni meramente consultivo, sino un pilar esencial del control democrático.

Esta realidad deja en una posición incómoda a quienes precedieron —y a quienes eventualmente sucedan— a la actual contralora. La comparación es inevitable. La inacción, pasividad o excesiva prudencia de administraciones anteriores hoy queda en evidencia frente a una Contraloría que actúa con firmeza, transparencia y sentido de urgencia. No basta con alegar falta de atribuciones o limitaciones legales cuando hoy se demuestra que, con las mismas herramientas, sí era posible hacer más.

El desafío hacia adelante es doble. Por un lado, respaldar institucional y políticamente el rol fiscalizador de la Contraloría, sin presiones ni intentos de deslegitimación. Por otro, exigir que esta línea de acción no sea una excepción, sino un estándar permanente, independiente de quién ocupe el cargo.