CHILE, PAÍS DE MENTIROSOS

Por: Francisco Herrera B.

Hay momentos en que una noticia deja de ser solamente una noticia y se transforma en una pregunta que interpela a todo un país.

Eso ocurre con el caso de una persona que asegura haber obtenido un premio de más de $3.800 millones en una máquina tragamonedas del Casino de Viña del Mar y que, cuando intentó hacer efectivo lo que aparecía en pantalla, se encontró con una situación que resulta, por decir lo menos, inquietante: funcionarios del casino habrían intervenido la máquina y esta terminó apagada. A ello se suman cuestionamientos respecto de las imágenes de las cámaras de seguridad y de la continuidad de algunos registros audiovisuales.

La pregunta es brutalmente sencilla: ¿qué pasó realmente?. Porque si una máquina entrega un premio de esa magnitud, lo lógico sería que existiera un procedimiento absolutamente transparente, con la máquina inmediatamente inmovilizada, todos sus registros electrónicos preservados, las cámaras de seguridad disponibles en su totalidad y la presencia del organismo fiscalizador correspondiente, de manera que nadie pudiera alterar un solo dato.

No puede ocurrir que, frente a un premio de miles de millones de pesos, la primera reacción sea apagar la máquina y que posteriormente aparezcan dudas respecto de los registros de video.

Y aquí surge una pregunta todavía más grave: ¿cuántas máquinas tragamonedas funcionan realmente como juegos de azar y cuántas están programadas para que el jugador pierda sistemáticamente?

No estamos diciendo que todas las máquinas estén adulteradas. Tampoco corresponde condenar anticipadamente al casino ni afirmar que la persona necesariamente tiene razón. Precisamente por eso se necesita una investigación independiente, técnica y transparente.

Porque si la máquina efectivamente entregó ese premio, alguien tendrá que explicar por qué no se pagó. Y si la máquina no podía entregar ese premio, alguien tendrá que explicar por qué apareció. Lo que no puede suceder es que la respuesta sea simplemente: «fue un error de la máquina». ¿Un error que aparece justo cuando alguien gana $3.800 millones?

CHILE NECESITA CERTEZAS.

Necesita saber cómo funcionan estos aparatos, quién controla sus algoritmos, quién certifica sus programas, qué registros quedan almacenados y quién tiene acceso a ellos. Necesita saber si existe una auditoría independiente que permita determinar que una máquina tragamonedas es realmente un juego de azar y no un mecanismo diseñado para generar pérdidas permanentes a quienes juegan. Porque cuando una persona pierde $10.000, $50.000 o $100.000, probablemente lo asume como parte del juego. Pero cuando una máquina anuncia $3.800 millones y después esa máquina termina apagada, la situación cambia completamente.

EL PROBLEMA ES MUCHO MÁS GRANDE

Y quizás lo más preocupante es que este episodio ocurre en un país donde, desde hace demasiado tiempo, la mentira se ha transformado en un hábito. Chile se acostumbró a escuchar explicaciones que después terminan siendo desmentidas.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Rodrigo Rojas Vade, quien construyó públicamente parte de su identidad política sobre la supuesta existencia de un cáncer que finalmente se comprobó que no padecía. El caso terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de la Convención Constitucional. Más allá del personaje, el episodio dejó una pregunta instalada: ¿cuánto de lo que escuchamos de quienes pretenden representarnos es verdad?

Y en tiempos más recientes hemos conocido episodios que nuevamente han puesto a prueba la confianza pública.

Durante los temporales, el caso del hombre conocido como «El Chino», encontrado junto a dos mujeres en un refugio en la zona cordillerana, generó un enorme operativo de búsqueda y rescate, con la participación de distintas instituciones del Estado. La historia fue acompañada de versiones, explicaciones y contradicciones que terminaron aumentando las dudas respecto de lo que realmente había ocurrido. Más allá de las circunstancias personales de quienes protagonizaron ese episodio, nuevamente apareció el mismo fenómeno: una historia inicial, múltiples versiones y una verdad que parece conocerse solamente después de que los hechos ya no pueden ocultarse.

CUANDO LA POLÍTICA TAMBIÉN JUEGA CON LA VERDAD

Y si hablamos de la pérdida del valor de la verdad, resulta imposible no recordar algunos de los episodios políticos que han marcado los últimos años.

El caso Monsalve es quizás uno de los ejemplos más graves.

No solamente por la denuncia que involucró al entonces subsecretario del Interior, sino por la forma en que la información fue manejada dentro del propio Gobierno.

El entonces Presidente Gabriel Boric reconoció que fue informado de la denuncia antes de que esta se hiciera pública. Mientras la situación permanecía bajo reserva, el propio Monsalve realizó gestiones que incluyeron un viaje al sur para reunirse con su familia y tomar contacto con personas vinculadas al entorno de la denunciante. El episodio generó una enorme controversia política y numerosas preguntas respecto de cómo se manejó la información en La Moneda. La pregunta es inevitable: ¿Qué se hizo durante esos días con una información de semejante gravedad?

No corresponde afirmar sin pruebas que desde el Gobierno se haya construido deliberadamente una mentira. Eso deberá determinarse sobre la base de los antecedentes y las investigaciones correspondientes. Pero sí es legítimo preguntarse si existió una estrategia destinada a controlar el relato, contener la información o preparar una versión de los hechos antes de que estos fueran conocidos públicamente. Porque cuando la verdad se administra, se dosifica o se entrega solamente cuando ya no existe posibilidad de seguir ocultándola, la ciudadanía tiene todo el derecho a desconfiar.

Y en este punto aparece inevitablemente otro de los grandes episodios políticos de la última década: EL CASO CAVAL.

La entonces Presidenta Michelle Bachelet sostuvo que se había enterado por la prensa de la reunión que su hijo, Sebastián Dávalos, junto a Natalia Compagnon, había sostenido con el empresario Andrónico Luksic. Aquella afirmación quedó instalada como uno de los episodios más controversiales del caso, particularmente por los antecedentes que posteriormente fueron conocidos y que alimentaron las dudas respecto de cuánto sabía realmente la entonces Presidenta sobre las actividades empresariales de su hijo. El problema no fue solamente Caval.

El problema fue la sensación que quedó instalada en una parte importante de la ciudadanía de que la verdad aparece después, cuando ya no queda otra alternativa. Y también podemos recordar otros episodios políticos en los que declaraciones de autoridades y dirigentes han sido posteriormente cuestionadas, desmentidas o corregidas.

No se trata de hacer una lista partidista. Porque sería demasiado fácil convertir esto en un ataque contra la izquierda o contra la derecha.

LA MENTIRA NO TIENE DOMICILIO POLÍTICO.

La mentira puede estar en la izquierda, en la derecha, en el centro, en una empresa, en una institución pública, en un dirigente deportivo, en un funcionario, en un candidato o en cualquier persona que considere que mentir es el camino más fácil para conseguir un objetivo.

Y TAMBIÉN MENTIMOS ANTE LOS TRIBUNALES

Pero quizás el problema más profundo está mucho más cerca de nosotros de lo que queremos reconocer. También hemos convertido la mentira en una herramienta dentro de los propios tribunales de justicia. Durante años, especialmente en la época en que existían las nulidades matrimoniales, se instaló una verdadera práctica social que hoy parece increíble recordar.

Para conseguir la nulidad, se debía acreditar, entre otras circunstancias, que los cónyuges no habían tenido su domicilio durante los últimos meses en el territorio correspondiente a la competencia del oficial del Registro Civil que había celebrado el matrimonio. Y entonces ocurría algo que prácticamente todos conocían: los testigos comparecían ante el tribunal para afirmar como cierto algo que, en muchos casos, sabían que no era verdad.

Se declaraba que uno de los cónyuges vivía en determinado lugar, que había tenido allí su domicilio durante el período exigido y que los testigos tenían conocimiento directo de aquello. Todos sabían que la historia estaba construida. Pero era una mentira funcional. Una mentira que tenía un objetivo concreto: obtener la nulidad del matrimonio y permitir que esas personas pudieran volver a casarse. Y lo más grave es que, durante mucho tiempo, aquello llegó a verse casi como una picardía. No como una falsedad ante un tribunal. No como una conducta que podía afectar la administración de justicia. Sino como un trámite que había que cumplir.

«LOS TESTIGOS FALSOS SON LOS BUENOS»

Y si existe un ámbito donde la cultura del testimonio falso llegó incluso a convertirse en una especie de tradición popular, es en los juicios derivados de accidentes de tránsito. Durante años se ha escuchado una frase que, por absurda que parezca, refleja una realidad que muchos conocen: «En materia de choques, los testigos falsos son los buenos». La frase puede provocar una sonrisa, pero en realidad debería provocar vergüenza.

Porque significa que hemos llegado a aceptar que una persona puede presentarse ante un tribunal, levantar la mano, comprometerse a decir la verdad y luego entregar una versión inventada para favorecer a una de las partes. Y peor todavía: que esa conducta pueda ser considerada útil o conveniente. El problema no es solamente jurídico. Es cultural. Cuando alguien inventa un testimonio para favorecer a un amigo, un familiar, un cliente o un conocido, está contribuyendo a destruir uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad: la confianza en la justicia.

Y aquí volvemos al comienzo. Una máquina que supuestamente entrega $3.800 millones. Una empresa que debe explicar qué ocurrió. Cámaras que deben ser revisadas. Autoridades que deben responder. Políticos que han debido explicar sus propias versiones. Y ciudadanos que, cuando llegan ante un tribunal, en algunos casos también han decidido que la verdad puede ser negociable. El problema, entonces, no está solamente en los poderosos. Está también en nosotros.

CHILE NECESITA RECUPERAR LA VERDAD

Quizás el título sea duro. CHILE, PAÍS DE MENTIROSOS. Pero no significa que todos los chilenos sean mentirosos. Significa algo más preocupante: que hemos comenzado a convivir con la mentira como si fuera parte normal de nuestra vida cotidiana. Mentir para ganar una elección. Mentir para evitar una responsabilidad. Mentir para conseguir un beneficio. Mentir para justificar un error. Mentir para ocultar una irregularidad. Mentir para proteger a un amigo, a un compañero, a un partido o a una institución. Mentir ante un tribunal. Mentir para conseguir una indemnización. Mentir para obtener una ventaja. Mentir hasta que alguien descubre la verdad. Y cuando la verdad finalmente aparece, muchas veces ya es demasiado tarde.

Por eso el caso del Casino de Viña del Mar no debería terminar simplemente en una disputa entre una persona y una empresa. Debe transformarse en una oportunidad para exigir transparencia. Porque si una máquina realmente entregó $3.800 millones, que se paguen si corresponde. Y si no correspondía pagar, que expliquen técnicamente por qué apareció esa cifra. Pero que nadie pretenda que los chilenos simplemente aceptemos una explicación sin pruebas. Ya hemos escuchado demasiadas explicaciones. Demasiadas versiones. Demasiadas excusas. Y demasiadas veces hemos descubierto que detrás de la primera historia había otra.

El problema no es solamente que existan mentirosos. El problema es que hemos comenzado a acostumbrarnos a que nos mientan.

Y una sociedad que se acostumbra a la mentira termina perdiendo algo mucho más valioso que el dinero: la confianza.

Chile necesita recuperar esa confianza. Necesita instituciones que digan la verdad. Empresas que respondan con transparencia. Autoridades que no administren la información según su conveniencia. Testigos que entiendan que declarar ante un tribunal no es un trámite. Y ciudadanos que comprendan que mentir para obtener un beneficio puede parecer una pequeña ventaja individual, pero termina destruyendo la confianza de todos. orque al final, la pregunta que queda flotando sobre el caso del Casino de Viña del Mar es exactamente la misma que atraviesa tantos episodios de nuestra vida pública y privada:

¿Nos están diciendo la verdad?

Y mientras esa pregunta siga sin una respuesta convincente, seguiremos teniendo razones para pensar que, en Chile, la mentira dejó de ser una excepción y se convirtió en un hábito.