EL TENIS CHILENO ATRAPADO ENTRE LA ÉTICA Y LA LEGALIDAD

Por Francisco Herrera

Hay momentos en que una institución deportiva deja de ser solamente una organización que administra competencias, seleccionados y recursos. Se transforma, lamentablemente, en el reflejo de una disputa de poder que termina poniendo en riesgo aquello que debería estar por sobre cualquier interés personal: el deporte.

Lo que actualmente ocurre en la Federación de Tenis de Chile es precisamente eso. Una institución que debiera entregar certezas, transparencia y estabilidad se encuentra sumida en una verdadera crisis de gobernabilidad, derivada de una pugna entre quienes perdieron una elección y que, en los hechos, parecen no estar dispuestos a aceptar el resultado político de las urnas.

El conflicto se profundizó luego de la inhabilitación de dos directores electos y de la posterior renuncia de otros integrantes que no consiguieron acceder al directorio y a la presidencia. El resultado es una federación debilitada, con cuestionamientos sobre quién tiene realmente legitimidad para conducirla y, peor aún, con una disputa que amenaza con extenderse precisamente sobre una nueva elección.

La denominada Comisión Electoral ha convocado para este jueves 27 de agosto a una Asamblea General Extraordinaria con el objeto de elegir una nueva mesa directiva. El problema es que dicha convocatoria también se encuentra cuestionada, entre otras razones, por la propia conformación de la comisión y por las dudas respecto de la situación jurídica de algunas de las organizaciones que participarían del proceso.

Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿puede una elección ser legalmente defendible y, al mismo tiempo, éticamente cuestionable?

Porque una cosa es cumplir formalmente determinadas exigencias y otra muy distinta es construir un proceso electoral que entregue legitimidad, confianza y credibilidad a todos quienes forman parte del tenis chileno.

UNA COMISIÓN ELECTORAL QUE TAMBIÉN DEBE DAR EXPLICACIONES

Pero la controversia no termina en las asociaciones que concurrirían a votar, también resulta necesario examinar la propia composición de la Comisión Electoral encargada de conducir este proceso. De acuerdo con los antecedentes que han sido planteados, dos de sus integrantes representarían a asociaciones cuya situación jurídica o registral se encuentra cuestionada. Uno de los casos corresponde a Patricio Fredes, quien integra la Comisión Electoral en representación de Iquique. Sin embargo, según los antecedentes disponibles, la organización que representa mantendría su personalidad jurídica vencida. El segundo caso sería todavía más complejo: quien participa en representación de Iquique lo haría por una asociación que habría sido eliminada de los registros del Instituto Nacional de Deportes (IND).

Si estos antecedentes son correctos, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿puede una persona representar a una asociación que no se encuentra jurídicamente habilitada para participar en el proceso electoral y, al mismo tiempo, integrar la comisión encargada de organizar y validar dicha elección? No estamos frente a un detalle menor.

La Comisión Electoral es precisamente el órgano llamado a garantizar imparcialidad, transparencia y regularidad en el proceso. Por ello, quienes la integran deberían encontrarse por encima de cualquier duda razonable respecto de la legitimidad de las organizaciones que representan. Si existen asociaciones inhabilitadas, con personalidad jurídica vencida o eliminadas de los registros oficiales, la primera obligación debiera ser despejar esas dudas antes de continuar con el proceso electoral.

Porque sería profundamente contradictorio exigir a los votantes determinados requisitos mientras quienes organizan la elección se encuentran, ellos mismos, vinculados a organizaciones cuya situación jurídica es cuestionada.  La legitimidad de una elección comienza por la legitimidad de quienes tienen a su cargo organizarla.

UNA ASOCIACIÓN SUSPENDIDA Y EL CURIOSO «BOTÍN» DEL DIRECTORIO

Dentro de los antecedentes que más llaman la atención aparece la situación de la Asociación Metropolitana de Tenis Oriente, organización que, según los antecedentes que han trascendido, se encontraría suspendida por no mantener vigente su personalidad jurídica.

Y aquí surge una contradicción que resulta difícil de explicar. Si una asociación no tiene actualmente su personalidad jurídica vigente y se encuentra suspendida, resulta razonable preguntarse cuál es su legitimidad para participar en un proceso electoral destinado precisamente a determinar quién conducirá la Federación de Tenis de Chile.

Pero la situación adquiere una dimensión todavía más llamativa cuando se observa que una parte importante —e incluso la mayoría, según los antecedentes disponibles— de quienes aparecen postulando a integrar la nueva mesa directiva tendría vínculos directos con esta misma asociación. Es decir, la organización cuya situación jurídica es cuestionada aparece, al mismo tiempo, estrechamente relacionada con buena parte de quienes aspiran a quedarse con el control del directorio y es aquí es donde la palabra «botín» comienza a aparecer en el debate público. No porque un cargo dirigencial sea necesariamente un beneficio económico, sino porque cuando existe una disputa tan intensa por alcanzar una posición de poder, cuando se cuestiona la legitimidad de las organizaciones que participan y cuando quienes aspiran a ocupar los cargos aparecen vinculados a una de las asociaciones cuya situación se encuentra bajo cuestionamiento, la sospecha se vuelve inevitable.

¿Estamos frente a una elección destinada a solucionar la crisis del tenis chileno o frente a una operación para capturar el control de la institución? La respuesta debe ser entregada con documentos, transparencia y antecedentes verificables, no con discursos. Porque si todo está en regla, no debería existir temor alguno a demostrarlo.

CUANDO LAS REGLAS SON CLARAS PARA EL DEPORTISTA, PERO INTERPRETABLES PARA EL DIRIGENTE

Existe una paradoja que debería hacernos reflexionar. Quizás los únicos que cumplen rigurosamente con las reglas del deporte son, precisamente, los deportistas. El atleta no puede manipular el cronómetro ya que si corre más lento, pierde; El basquetbolista no puede decidir que una falta no fue falta simplemente porque no le conviene; El tenista no puede pegar fuera de la línea la pelota y luego pretender que estuvo dentro porque así lo interpreta un dirigente; El nadador no puede modificar la distancia de la piscina y  el  futbolista no puede cambiar el marcador porque considera injusto el resultado.

En cada disciplina existen reglas, parámetros, tiempos, líneas y resultados que deben ser respetados. El problema aparece cuando entramos al terreno dirigencial.

Allí, demasiadas veces, lo que debería ser blanco o negro termina convertido en una interminable zona gris.

Las normas comienzan a ser objeto de interpretaciones. Los estatutos se leen según la conveniencia del momento. Las formalidades adquieren importancia dependiendo de quién resulte beneficiado. Las decisiones pueden ser justificadas jurídicamente de una manera u otra y, en algunos casos, hasta actuaciones aparentemente impecables terminan generando una sensación de opacidad que destruye la confianza, pero cuando todo parece relativo, la sospecha crece.

No basta con que una actuación sea aparentemente legal. También debe ser ética, transparente y comprensible para todos.

Porque cuando una institución deportiva llega al punto en que sus decisiones necesitan interminables explicaciones, interpretaciones y justificaciones, algo ya comenzó a fallar.

Y peor aún: cuando determinados grupos parecen controlar elecciones, asociaciones, comisiones y decisiones institucionales, se instala inevitablemente en la opinión pública una sensación extremadamente dañina: la sensación de estar frente a verdaderas mafias dirigenciales. La palabra “mafia” puede resultar dura. Pero es precisamente por eso que debe preocuparnos. No porque necesariamente exista una estructura mafiosa en términos jurídicos —eso corresponde determinarlo a las instituciones competentes—, sino porque cuando las prácticas dirigenciales generan esa percepción, el daño institucional ya está hecho.

Una federación deportiva no puede funcionar como una caja negra donde solo quienes están dentro conocen las reglas del juego. El poder no puede ser el objetivo. El problema de fondo es que algunos dirigentes parecen haber olvidado que ocupar un cargo deportivo no es un premio, sino que es una responsabilidad. El dirigente deportivo no es propietario de la federación. Es un administrador temporal de una institución que pertenece a una comunidad deportiva completa.

Por eso resulta tan preocupante que quienes no lograron alcanzar determinados cargos terminen impulsando situaciones que pueden dejar a la institución paralizada o sumida en una disputa permanente.

¿Dónde queda el deportista?

¿Dónde quedan los niños que comienzan a jugar tenis?

¿Dónde quedan quienes representan a Chile?

¿Dónde quedan los recursos destinados a preparar a nuestros seleccionados?

¿Dónde queda el interés superior de una disciplina que necesita dirigentes capaces de construir y no de destruir?

Durante demasiado tiempo, el deporte chileno ha convivido con una peligrosa sensación de impunidad dirigencial. Cuando aparecen cuestionamientos, muchas veces la respuesta termina siendo burocrática, formalista o basada en interpretaciones destinadas a justificar determinadas actuaciones.

Pero el deporte necesita algo mucho más sencillo: transparencia. Si todo está en regla, que se demuestre públicamente. Si las asociaciones tienen vigentes sus personalidades jurídicas, que se acrediten. Si se encuentran correctamente incorporadas en los registros correspondientes, que se exhiban los antecedentes. Si quienes votan tienen derecho a hacerlo, que no exista ninguna duda. Y si la Comisión Electoral está correctamente constituida, que sus integrantes expliquen con absoluta claridad el fundamento jurídico y estatutario de sus actuaciones.

Porque cuando existen dudas, la peor alternativa es intentar resolverlas acelerando una elección.

La verdadera salida a una crisis institucional no consiste simplemente en llenar los cargos vacantes. Consiste en recuperar la legitimidad perdida.