Durante más de dos décadas, el Crédito con Aval del Estado (CAE) ha sido uno de los temas más controvertidos de la educación superior chilena. Miles de jóvenes lograron acceder a la universidad gracias a este mecanismo, pero también miles quedaron atrapados en una pesada carga financiera que ha condicionado sus proyectos de vida. Hoy, cuando el debate vuelve a instalarse en la agenda pública, resulta necesario identificar responsabilidades y evitar los discursos simplistas que pretenden reducir un problema complejo a una mera cuestión de pago o incumplimiento.
LOS PRIMEROS RESPONSABLES
La historia del CAE no comenzó con quienes hoy adeudan sus créditos. Los primeros responsables son quienes diseñaron e implementaron el sistema durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, siendo ministro de Educación Sergio Bitar.
El discurso oficial de la época prometía ampliar el acceso a la educación superior para jóvenes provenientes de familias de clase media y sectores vulnerables. Sin embargo, detrás de esa promesa se estructuró un negocio extraordinariamente favorable para la banca privada, que obtuvo garantías estatales y tasas de interés que llegaron al 6%, generando enormes utilidades a costa del endeudamiento de miles de estudiantes.
Resulta llamativo que hoy algunas de las mismas autoridades que impulsaron este modelo invoquen conceptos como la humanidad, la solidaridad o la comprensión hacia los deudores. La verdadera humanidad habría consistido en diseñar un sistema de financiamiento justo, donde el acceso a la educación no estuviera condicionado a décadas de endeudamiento ni a la obtención de ganancias para instituciones financieras respaldadas por el Estado.
Quienes crearon el CAE no solo impulsaron una política pública defectuosa; también instalaron una lógica que transformó un derecho social tan importante como la educación en una deuda de largo plazo.
LAS VÍCTIMAS
Las verdaderas víctimas de esta historia son los miles de estudiantes que vieron en el CAE la única oportunidad real para acceder a una carrera universitaria.
La mayoría provenía de familias modestas, sin patrimonio, sin redes de apoyo económico y con la legítima aspiración de que la educación les permitiera mejorar su calidad de vida. Confiaron en el Estado, confiaron en las universidades y confiaron en un sistema que les aseguró que estudiar era la mejor inversión para su futuro.
Muchos lograron titularse, pero otros abandonaron sus carreras sin obtener un título profesional. Algunos encontraron empleos bien remunerados, mientras que otros debieron enfrentar mercados laborales saturados, bajos salarios o largos períodos de desempleo. Sin embargo, para todos ellos la deuda continuó creciendo y persiguiéndolos durante años.
Reducir el problema a una discusión moral entre quienes pagan y quienes no pagan constituye una simplificación injusta. La realidad demuestra que miles de familias han debido postergar proyectos, adquisición de viviendas, emprendimientos e incluso la formación de sus propias familias debido al peso financiero que representa el CAE.
LOS INHUMANOS
En los últimos meses han surgido voces que buscan instalar la idea de que cualquier alivio para los deudores del CAE constituye una injusticia para quienes esperan acceder a la educación superior.
En esa línea se enmarcan las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien ha señalado que sería inhumano que jóvenes del norte del país no puedan estudiar porque los deudores del CAE no han pagado sus obligaciones.
Sin embargo, esa afirmación omite un elemento esencial: los responsables de las dificultades de acceso a la educación superior no son quienes fueron endeudados por un sistema defectuoso, sino quienes durante décadas fueron incapaces de construir una política de financiamiento sustentable y equitativa.
Lo verdaderamente inhumano es enfrentar a unos jóvenes contra otros. Lo inhumano es obligar a miles de personas a cargar durante años con deudas originadas en un modelo que el propio mundo político reconoce como fracasado. Lo inhumano es convertir a los deudores en chivos expiatorios de problemas estructurales que fueron creados por decisiones políticas tomadas desde el poder.
La educación no debe transformarse en un instrumento de división social ni en una herramienta para buscar réditos electorales.
POPULISTAS IRRESPONSABLES
Si quienes crearon el CAE tienen una responsabilidad evidente, también la tienen quienes durante años prometieron eliminarlo sin contar con una solución realista para reemplazarlo.
Gabriel Boric construyó buena parte de su discurso político sobre la promesa de terminar con el CAE. Durante su campaña presidencial y posteriormente durante su gobierno, la eliminación de esta deuda fue presentada como una de las grandes transformaciones que impulsarían su administración.
Ese mensaje tuvo consecuencias. Miles de deudores interpretaron legítimamente que la condonación o eliminación del crédito era una posibilidad concreta y cercana. Muchos optaron por dejar de pagar, convencidos de que el compromiso asumido por las máximas autoridades del país sería cumplido.
Hoy, cuando la promesa se ha ido diluyendo entre restricciones presupuestarias, reformas incompletas y propuestas insuficientes, son nuevamente los ciudadanos quienes enfrentan la incertidumbre.
Prometer lo que no se puede cumplir es una de las formas más dañinas de populismo. Genera expectativas imposibles de satisfacer, deteriora la confianza pública y termina perjudicando precisamente a quienes se decía defender.
Los deudores del CAE no necesitan discursos grandilocuentes ni consignas electorales. Necesitan soluciones responsables, justas y sostenibles.
Porque detrás de cada deuda existe una persona, una familia y una historia. Y mientras la política siga utilizando el CAE como una herramienta de confrontación ideológica, el problema continuará sin resolverse y los verdaderos afectados seguirán siendo los mismos de siempre.
Tiliqui Herrera
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