Durante años, una parte importante del mundo político repitió hasta el cansancio que “Chile se está cayendo a pedazos”. Era una frase útil, cómoda, rentable. Servía para instalar miedo, para marcar diferencias, para golpear al adversario de turno.
Pero hoy esa consigna quedó obsoleta. Porque Chile no se está cayendo. Chile ya cayó.
Y no cayó por un gobierno, ni por una coalición en particular. Cayó cuando la degradación dejó de ser una excepción y se convirtió en norma. Cayó cuando la élite —política, judicial y administrativa— comenzó a acumular escándalos sin que existiera un verdadero costo institucional equivalente al daño causado.
¿Cómo se sostiene el discurso de la “crisis en desarrollo” cuando vemos a una ministra de la Corte Suprema en prisión? ¿Qué queda de la autoridad del Estado cuando el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, termina condenado a 17 años de cárcel? ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía cuando un ex fiscal del Ministerio Público enfrenta prisión preventiva? Pero el cuadro es aún más brutal, porque no hablamos de hechos aislados, hablamos de una cadena.
Ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente y apartados del Poder Judicial. Un subsecretario del Interior —encargado nada menos que de la seguridad pública— formalizado y detenido por delitos sexuales. Una ex ministra de Defensa obligada a renunciar en medio del escándalo por la fallida venta de la casa de Salvador Allende. Y, como si fuera poco, la propia hija del ex mandatario enfrentando una acusación constitucional y destituida por el mismo episodio.
¿De verdad alguien puede seguir hablando de “deterioro progresivo”? Esto no es deterioro, esto es colapso moral.
Porque cuando fallan quienes deben perseguir el delito, cuando caen quienes deben impartir justicia, cuando se desdibujan quienes deben dar ejemplo desde el poder político, lo que se rompe no es solo la institucionalidad. Se rompe el contrato básico entre el Estado y la ciudadanía. Y ese quiebre es mucho más profundo que cualquier crisis económica o disputa ideológica.
Durante décadas, Chile se vendió —y se creyó— como una excepción en América Latina. Un país serio, predecible, con instituciones que funcionaban. Hoy esa narrativa se desmorona frente a una realidad incómoda: la corrupción, los abusos de poder y las faltas a la probidad no distinguen cargo, sector ni ideología. La transversalidad de la crisis es, precisamente, lo más inquietante, aquí no hay “otros” a quienes culpar. Aquí hay un sistema completo que falló.
Y mientras tanto, la ciudadanía observa. Con rabia, con frustración, con desconfianza. Porque ya no se trata solo de delitos o irregularidades. Se trata de una sensación instalada de que quienes están arriba juegan con reglas distintas. De que la impunidad no siempre es jurídica, pero sí muchas veces política. Por eso insistir en que “Chile se está cayendo a pedazos” no solo es incorrecto, sino que es una forma de negación. Una manera elegante de no asumir que el derrumbe ya ocurrió.
La discusión de fondo no es si estamos en crisis. Es cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de exigir cambios reales. Cambios que no pasen solo por discursos o reformas cosméticas, sino por una limpieza profunda de estándares, prácticas y responsabilidades.
Porque si algo ha quedado claro, es que el problema no era la falta de leyes, era la falta de ética. Chile ya cayó.
La única pregunta que queda es si existe la voluntad —real, no declarativa— de reconstruirlo, o si simplemente nos acostumbraremos a vivir entre los escombros.
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