PABLO AGUILERA ENFRENTA FUNA PÚBLICA POR CASO HOSPITAL EL SALVADOR

La polémica por la cirugía express de la madre de la Ministra de Salud y esposa del periodista Pablo Aguilera en el Hospital El Salvador no solo no se apaga, sino que se ha transformado en una de las mayores crisis de credibilidad que ha enfrentado el Ministerio de Salud en los últimos años. El comunicador, ampliamente conocido por décadas de trayectoria radial, hoy es blanco de una funa ciudadana que apunta directamente al uso de privilegios políticos en un sistema que debería ser igual para todos.

La indignación no se origina en la cirugía misma, sino en el trato preferencial que recibió una paciente que, por vínculos familiares directos con la ministra de Salud, fue intervenida en cuestión de horas, mientras miles de chilenos esperan meses o incluso años por la misma operación, muchos de ellos con dolores crónicos, movilidad reducida y calidad de vida deteriorada.

Lo que ha encendido aún más la rabia social es que tanto la ministra como su padre y su familia cuentan con los recursos económicos suficientes para acudir a clínicas privadas, donde podrían haber sido atendidos sin utilizar un cupo del sistema público. Sin embargo, optaron por recurrir a un hospital que hoy está colapsado, con pabellones saturados, listas de espera interminables y personal sobre exigido.

Para amplios sectores de la ciudadanía, este hecho confirma lo que por años se ha denunciado: cuando se trata de autoridades o sus familias, las reglas cambian. El discurso de igualdad, acceso universal y “salud digna” se desmorona cuando quienes dirigen el sistema utilizan su posición para adelantarse en la fila.

La funa contra Pablo Aguilera no es solo personal, sino simbólica. Representa el rechazo a una élite que, aun teniendo todas las alternativas privadas a su disposición, prefiere usar el aparato público cuando le conviene, desplazando a pacientes que no tienen otra opción.

Diversas organizaciones de pacientes han recordado que en el Hospital El Salvador existen personas que llevan más de un año esperando una cirugía de cadera, muchos de ellos adultos mayores, postrados o en riesgo de perder autonomía. Para ellos, cada semana de espera significa más dolor, más dependencia y, en algunos casos, el paso irreversible hacia una discapacidad permanente.

Hasta ahora, ni la ministra ni su padre han entregado explicaciones convincentes que permitan entender cómo se autorizó una atención tan rápida sin que mediara un privilegio indebido. Las respuestas públicas han sido vagas, contradictorias y, para muchos, ofensivas frente a la realidad de quienes viven atrapados en las listas de espera.

Más allá de los nombres propios, este caso ha expuesto con crudeza una verdad incómoda: en Chile, el acceso a la salud sigue dependiendo del poder, el apellido y los contactos, y no de la necesidad médica ni de la justicia social que tanto se proclama en los discursos oficiales.

La funa, en ese contexto, no es un acto aislado ni caprichoso. Es la expresión de una ciudadanía cansada de ver cómo, una y otra vez, los de arriba no esperan en la misma fila que los de abajo.