La ineficiencia del Estado parece ser cada vez más frecuente, especialmente en los servicios públicos, y un claro ejemplo se vivió hoy en la Tesorería General de la República. Los usuarios que acudieron a realizar sus trámites habituales se encontraron con la frustrante escena de funcionarios detenidos en la puerta, explicando con resignación: «estamos sin sistema» y que no se estaba atendiendo.
Resulta incomprensible que en pleno año 2025, cuando la tecnología debería facilitar y agilizar todos los procesos, una institución tan vital para miles de personas no contemple siquiera un plan de emergencia alternativo para situaciones como esta. Esta falta de previsión refleja no solo una grave deficiencia estructural, sino también la evidente ausencia de compromiso y responsabilidad de quienes están a cargo de estas instituciones.
Es inadmisible que funcionarios públicos permitan que el servicio colapse ante la primera dificultad técnica, evidenciando un trabajo a medias, sin iniciativa ni dedicación para buscar soluciones inmediatas. Esta actitud despreocupada y poco profesional provoca no solo molestia e impotencia en los usuarios, sino que también daña profundamente la confianza ciudadana en la gestión estatal.
La falta de compromiso y la negligencia de quienes deberían garantizar la continuidad y eficiencia del servicio son responsables directos de que problemas como estos se repitan una y otra vez. En un país que se jacta de avanzar tecnológicamente, estas falencias son un retroceso inaceptable. Es urgente exigir a los funcionarios a cargo una postura mucho más seria, comprometida y proactiva, que respete el derecho de la ciudadanía a ser atendida con eficiencia y respeto.
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