$30 QUE INCENDIARON CHILE Y LOS $25 QUE NO ENCIENDEN NI UNA PROTESTA

El reciente anuncio del alza de $25 en la locomoción colectiva vuelve a poner sobre la mesa una comparación inevitable con el aumento de $30 en el pasaje del Metro de Santiago en octubre de 2019, hecho que —según la versión más difundida— habría detonado el estallido social. Hoy, con un incremento similar, el país no arde, las estaciones no se queman y la desobediencia civil no se multiplica. La pregunta surge sola: ¿fueron realmente los $30 la causa del estallido o solo el pretexto?

En 2019 se instaló el relato de que el alza del pasaje fue la chispa que encendió la indignación popular. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa explicación simplista ha sido cuestionada por amplios sectores. Resulta difícil sostener que un aumento relativamente menor haya provocado, por sí solo, la quema simultánea de estaciones de Metro, la destrucción de infraestructura crítica y un clima de caos generalizado. Para muchos, aquello tuvo características de una acción coordinada que desbordó la protesta social legítima, dando paso a lo que algunos han llegado a calificar como un intento de desestabilización institucional.

Hoy el escenario es paradójico. El transporte público vuelve a subir, el costo de la vida continúa presionando a las familias y diversos indicadores sociales reflejan un deterioro en la calidad de vida de amplios sectores: aumento de campamentos, incertidumbre laboral y una sensación de inseguridad económica que se ha vuelto cotidiana. Si el malestar social era la causa de la explosión de 2019, cabría esperar reacciones similares. Pero no ocurre.

Más aún, para muchos observadores, hoy existen incluso más motivos que podrían justificar la indignación popular. La percepción de corrupción y mal uso de recursos públicos ha erosionado la confianza ciudadana; el llamado “caso fundaciones” instaló dudas sobre la probidad en la asignación de dineros estatales. A ello se suma la lentitud y negligencia denunciada en la reconstrucción de viviendas destruidas tras el devastador incendio en Viña del Mar, donde familias afectadas continúan esperando soluciones definitivas.

En paralelo, la polémica por bonos y asignaciones consideradas injustificadas para altas autoridades contrasta con la estrechez económica que viven millones de chilenos, profundizando la sensación de desigualdad. Las reiteradas alzas en las cuentas de la luz —explicadas con argumentos técnicos que muchos ciudadanos perciben como lejanos o engañosos— han alimentado la idea de que el costo de la crisis siempre recae sobre los mismos.

Si el estallido social fue una reacción a abusos estructurales, hoy los ejemplos abundan. Sin embargo, la respuesta ciudadana ha sido distinta. No hay evasiones masivas ni llamados generalizados a la desobediencia civil. El país parece haber optado por canalizar su malestar de otra forma: el voto, la crítica pública y una creciente desconfianza hacia el sistema político en su conjunto.

Una explicación que circula con fuerza en el debate público apunta a que quienes entonces alentaron la movilización —los llamados “octubristas”— hoy forman parte del gobierno. Desde esta mirada, la protesta habría perdido su impulso político, evidenciando que la indignación no era tan espontánea como se afirmó. La ironía es evidente: las mismas condiciones que antes se consideraban intolerables hoy no generan el mismo nivel de respuesta.

Otra lectura, menos conspirativa y más sociológica, sugiere que la ciudadanía aprendió del costo del caos. El estallido dejó pérdidas humanas, destrucción de empleos, cierre de pequeñas empresas y un deterioro urbano que aún se arrastra. La promesa de cambios estructurales no se materializó con la rapidez esperada, y el cansancio social se transformó en prudencia. El “sentido común”, como señalan algunos analistas, habría reemplazado la efervescencia por una búsqueda de estabilidad.

En ese contexto, el comportamiento electoral reciente también se interpreta como una señal: parte importante de la ciudadanía optó por propuestas asociadas al orden y la seguridad, reflejando un giro en las prioridades sociales. No es que hayan desaparecido las razones para protestar; más bien, cambió la forma en que las personas deciden enfrentar sus frustraciones.

El alza de $25, entonces, funciona como un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos si alguna vez se trató realmente del precio del pasaje o si ese número fue solo un símbolo útil para canalizar tensiones más profundas —políticas, sociales y culturales— que aún siguen sin resolverse.

Porque si los $30 “lo cambiaron todo”, ¿por qué los $25 no cambian nada? Tal vez la respuesta no esté en las monedas, sino en la memoria colectiva de un país que ya conoce el costo de incendiarse a sí mismo… y que hoy, con más motivos para indignarse, ha decidido no volver a hacerlo.