La muerte del menor de edad que perdió la vida como consecuencia del accidente de tránsito provocado por delincuentes que huían tras robar un celular ha conmocionado profundamente a la ciudadanía. Pero más allá del dolor que provoca la pérdida de una vida inocente, lo que indigna a gran parte de la gente es el intento de algunos medios de comunicación y autoridades de desviar la atención, centrando sus críticas en el conductor que perseguía a los delincuentes.
Resulta incomprensible —y hasta ofensivo— que el foco se ponga sobre quien, movido por un genuino sentido de colaboración y justicia, intentó frustrar el escape de los responsables del robo. Que haya utilizado una baliza o que posteriormente se identificara como alguacil de Carabineros no cambia el fondo del asunto: actuó como muchos ciudadanos quisieran hacerlo, impulsado por la impotencia y el cansancio de vivir bajo el permanente asedio del delito.
Lo cierto es que la delincuencia se ha instalado como una amenaza cotidiana, frente a la cual el Estado ha demostrado una alarmante incapacidad de control. Cada asalto, cada robo violento, cada muerte absurda refuerza la sensación de que las instituciones ya no son capaces de protegernos. Y cuando la gente percibe que la autoridad no responde, es inevitable que surja la idea —cada vez más arraigada— de que son los propios ciudadanos quienes deben cuidar de sí mismos y de los suyos.
La discusión no debiera centrarse en si el conductor actuó correctamente o no, sino en por qué hemos llegado al punto en que un ciudadano siente la necesidad de perseguir a delincuentes porque el Estado no lo hace. Este hecho trágico no es un caso aislado: es el reflejo de una sociedad cansada, frustrada y abandonada por sus autoridades.
Mientras algunos se empeñan en culpar al que quiso ayudar, los verdaderos responsables —los delincuentes y un sistema que los ampara por omisión— siguen campando a sus anchas. La muerte de un niño inocente debería ser un punto de inflexión para recuperar el sentido de justicia y el deber de protección que las autoridades parecen haber olvidado.
Porque cuando el Estado no cumple su rol, la frontera entre la justicia y la desesperación se vuelve peligrosamente difusa. Y eso, en cualquier democracia, es una señal de alarma que ya no puede seguir siendo ignorada.
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