Chile suele ser presentado como una de las democracias más estables de América Latina. Sin embargo, una revisión desapasionada de nuestra historia permite advertir que los períodos de estabilidad institucional han sido interrumpidos periódicamente por gobiernos de fuerza, concentraciones extraordinarias de poder o sistemas que restringieron significativamente las libertades de los ciudadanos.
Sin que exista una regla matemática exacta, resulta llamativo observar que aproximadamente cada medio siglo el país ha enfrentado crisis profundas que han derivado en formas de gobierno autoritarias o en una fuerte concentración del poder.
La experiencia más reciente y conocida corresponde al régimen militar encabezado por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Durante ese período se disolvió el Congreso Nacional, se prohibieron los partidos políticos, se restringieron las libertades públicas y se produjeron graves violaciones a los derechos humanos que forman parte de uno de los capítulos más dolorosos de la historia nacional.
PERO LA HISTORIA AUTORITARIA DE CHILE NO COMENZÓ EN 1973.
Décadas antes, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo entre 1927 y 1931 concentró amplias facultades, limitó la actividad de la oposición y gobernó bajo un esquema que numerosos historiadores califican como una dictadura. Su caída coincidió con la crisis económica provocada por la Gran Depresión.
Retrocediendo aún más, el sistema político surgido tras la Guerra Civil de 1829-1830 dio origen a la denominada República Autoritaria o Portaliana. Aunque formalmente existían instituciones republicanas, el poder presidencial alcanzó niveles extraordinarios y la participación política quedó reservada a una reducida élite.
Incluso durante los primeros años de la independencia, Bernardo O’Higgins ejerció el cargo de Director Supremo concentrando facultades políticas y militares excepcionales para la época.
La historia demuestra que la democracia chilena no ha sido un camino lineal ni irreversible. Los quiebres institucionales han surgido cuando la polarización política, las crisis económicas y la incapacidad de alcanzar acuerdos terminan debilitando las bases de la convivencia democrática.
LA NUEVA CONCENTRACIÓN DEL PODER
Sin embargo, en pleno siglo XXI surge una pregunta incómoda: ¿es posible que las formas de concentración del poder hayan cambiado de rostro?
Si las dictaduras del pasado se caracterizaron por el control militar, la censura o la persecución política, hoy algunos ciudadanos perciben la existencia de una creciente concentración de poder en el ámbito financiero y burocrático del Estado.
El caso de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) se ha transformado en un símbolo de esta discusión. Durante años se prometió una solución estructural a quienes arrastran deudas educacionales que en muchos casos se han extendido por décadas. Sin embargo, mientras las promesas políticas continúan, miles de personas siguen enfrentando procesos de cobro impulsados por organismos públicos destinados a recuperar recursos fiscales.
La crítica no apunta únicamente a la existencia de la deuda, sino al enorme desequilibrio que muchos perciben entre las facultades de cobro del Estado y las posibilidades reales de defensa de los ciudadanos. Para numerosos deudores, la sensación es que la maquinaria recaudadora opera con una eficiencia muy superior a la capacidad de los afectados para ejercer sus derechos o impugnar determinadas actuaciones.
Algunos han llegado incluso a describir este fenómeno como una «dictadura financiera bancaria», expresión provocadora que refleja el sentimiento de impotencia frente a un sistema donde bancos, organismos públicos y mecanismos de cobranza parecen actuar coordinadamente para asegurar la recuperación de los créditos.
LAS RESPONSABILIDADES OLVIDADAS
Resulta especialmente paradójico que muchos de los actores políticos que hoy expresan preocupación por la situación de los deudores hayan participado en la creación o mantención del sistema que dio origen al problema.
El CAE fue instaurado durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos como una fórmula para ampliar el acceso a la educación superior mediante financiamiento privado respaldado por el Estado. Con el paso de los años, miles de estudiantes descubrieron que el supuesto mecanismo de inclusión terminaba transformándose en una pesada carga financiera.
La banca obtuvo durante años importantes beneficios garantizados por el respaldo estatal, mientras generaciones completas de profesionales quedaron atrapadas en compromisos económicos que condicionaron sus proyectos de vida.
UNA IRONÍA DE LA HISTORIA
Las comparaciones históricas siempre deben realizarse con prudencia. Nada puede equipararse a las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar ni al sufrimiento de las víctimas y sus familias.
Sin embargo, existe una ironía que algunos observadores han planteado para describir el actual escenario.
Durante los años posteriores a 1973, una de las consignas más dolorosas que surgió desde los familiares de detenidos desaparecidos fue la pregunta: «¿Dónde están?». Era una interrogante dirigida a un Estado que ocultaba información sobre el destino de personas cuyo paradero se desconocía.
Hoy, en una realidad completamente distinta, algunos deudores del CAE formulan una pregunta similar respecto de los recursos que desaparecen de sus cuentas bancarias producto de los procesos de cobro: «¿Dónde están?».
La diferencia, señalan críticamente, es que en este caso la respuesta sí se conoce. Esos recursos terminan ingresando a las arcas fiscales a través de los mecanismos de recaudación y cobranza impulsados por el Estado.
Más allá de la ironía, el punto de fondo es otro: la creciente percepción de que el ciudadano común se encuentra en una posición de debilidad frente a estructuras administrativas y financieras cada vez más poderosas.
LA LECCIÓN PENDIENTE
La principal enseñanza de la historia es que ninguna concentración excesiva de poder resulta saludable para una sociedad democrática.
Ayer el riesgo provenía de gobiernos que restringían las libertades políticas. Hoy el desafío puede provenir de sistemas burocráticos, financieros o administrativos que terminan generando una sensación de indefensión en amplios sectores de la población.
La democracia no consiste únicamente en votar cada cierto número de años. También exige instituciones equilibradas, mecanismos efectivos de control y garantías reales para que los ciudadanos puedan defender sus derechos frente al poder, cualquiera sea la forma que éste adopte.
Porque si la historia de Chile enseña algo, es que las libertades no suelen perderse de una sola vez. Muchas veces se erosionan gradualmente, mientras la sociedad se acostumbra a que determinadas concentraciones de poder parezcan normales.
Y cuando eso ocurre, las lecciones del pasado vuelven a cobrar vigencia.
Tiliqui Herrera
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