La justicia comienza —aunque tarde— a desenmascarar uno de los capítulos más vergonzosos del llamado “estallido social” de 2019: el de quienes, amparados en el caos, el discurso del dolor y la consigna de los derechos humanos, mintieron descaradamente para obtener beneficios económicos del Estado.
Hoy, dos personas fueron formalizadas en el Juzgado de Garantía de Temuco por fraude al fisco, tras recibir cada una indemnizaciones de 7 millones de pesos por supuestas lesiones sufridas durante las manifestaciones. Una investigación rigurosa determinó que las heridas alegadas no tenían relación alguna con la represión policial: en un caso, las lesiones provenían de un accidente de tránsito ocurrido mucho antes del estallido; en el otro, los peritajes descartaron cualquier vínculo entre las lesiones oculares y municiones disparadas por Carabineros o las Fuerzas Armadas.
El relato de víctimas que algunos promovieron con fervor ideológico comienza a resquebrajarse ante la evidencia. Lo que se presentó como verdad absoluta —y que sirvió para alimentar el discurso del abuso estatal y la represión sistemática— hoy revela su rostro más cínico: el del aprovechamiento, la mentira y la manipulación de la tragedia colectiva.
El Estado, que en su afán de reparación actuó muchas veces más por presión política que por convicción jurídica, se ve ahora defraudado por quienes transformaron el dolor en negocio. Y no se trata solo de dos casos aislados: investigaciones paralelas apuntan a que podrían existir decenas de indemnizaciones obtenidas bajo falsos testimonios o antecedentes adulterados.
El tema no es menor. Porque mientras algunos fingían ser víctimas para llenar sus bolsillos, hubo verdaderos afectados, personas que sí sufrieron lesiones graves, pérdidas irreparables y traumas profundos. Es a ellos a quienes estas mentiras insultan y revictimizan.
La pregunta inevitable es: ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los otros que se aprovecharon del caos y la rabia para engañar al país? La frase resuena con ironía amarga: “¿Dónde están?”, el mismo lema que durante décadas ha exigido justicia por los detenidos desaparecidos, hoy se resignifica para exigir transparencia, responsabilidad y castigo para los falsos mártires del estallido.
El fraude a la fe pública es siempre grave, pero cuando se comete bajo el amparo de una causa tan sensible como los derechos humanos, adquiere una dimensión moralmente intolerable. Porque no solo defrauda al Estado: defrauda a toda una sociedad que, de buena fe, creyó en su dolor.
La justicia tiene ahora el deber de llegar hasta el fondo, no solo para recuperar los recursos malversados, sino para restituir la confianza perdida. Que no haya impunidad. Que se sepa quiénes mintieron, quiénes los avalaron y quiénes se beneficiaron políticamente de su relato. Y que, esta vez, la pregunta “¿Dónde están?” tenga una respuesta clara y sin eufemismos: están donde siempre debieron estar, frente a los tribunales y dando cuenta de su engaño.
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