La Contraloría solicitó al Ministerio de Salud la identidad y datos clínicos de niños, niñas y adolescentes atendidos en programas de identidad de género, incluyendo tratamientos hormonales, para fiscalizar el uso de recursos públicos. Salud se negó por tratarse de datos sensibles protegidos por la privacidad, los derechos del niño y tratados internacionales. La contralora Dorothy Pérez insistió, citó facultades legales para exigir la información y advirtió posibles sanciones a las autoridades que no cumplan.
Ante esto, la Corporación Be Yourself, que apoya a familias de menores en transición, presentó un recurso de protección acusando que la medida es ilegal y vulnera gravemente la privacidad y dignidad de los NNA. Pidieron además suspender de inmediato la solicitud. El caso podría sentar un precedente sobre los límites de la Contraloría frente a datos médicos sensibles de menores y probablemente llegará hasta la Corte Suprema.
Sin embargo, la negativa a proporcionar cualquier tipo de información a la Contraloría también ha abierto un flanco de críticas. Diversas voces advierten que escudarse únicamente en la protección de datos sensibles, sin ofrecer mecanismos alternativos de fiscalización —como la anonimización o la entrega de información desagregada sin identificación directa— termina por debilitar el principio de transparencia en el uso de recursos públicos.
El punto de fondo, señalan especialistas en probidad administrativa, es que todos los programas financiados con fondos fiscales deben poder ser auditados. Negarse de plano a cualquier forma de revisión externa no solo tensiona el rol fiscalizador de la Contraloría, sino que instala la peligrosa idea de que existen áreas del Estado inmunes al control, precisamente en materias que han implicado gasto permanente, compra de fármacos y prestaciones clínicas.
También se ha cuestionado que el debate se haya planteado como una disyuntiva absoluta entre derechos de la niñez y fiscalización, cuando en realidad el desafío del Estado moderno es compatibilizar ambos principios. Para estos críticos, proteger la identidad de los menores es indispensable, pero eso no debería transformarse en un “muro infranqueable” que impida verificar si los recursos se están usando conforme a la ley, con criterios clínicos adecuados y bajo estándares sanitarios claros.
Así, el caso no solo pone a prueba a la Contraloría, sino también a las autoridades sanitarias y a las organizaciones que han judicializado el conflicto, al exigirles demostrar que la defensa de derechos fundamentales puede convivir con la rendición de cuentas, y que la transparencia no es enemiga de la dignidad, sino una condición básica para sostener políticas públicas legítimas en el tiempo.
Descubre más desde Onda Expansiva
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
