Permiso judicial para videollamadas en Cárcel de Alta Seguridad causa profunda controversia

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El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó que otorgue el beneficio a cuatro internos, que podrían comunicarse con terceros no autorizados.

La resolución escaló a la Corte de Apelaciones, que suspendió la medida mientras resuelve el fondo del reclamo de la institución penitenciaria.

«Es gravísimo. Estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país», deploró el Gobierno.

Una resolución judicial del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, de permitir que peligrosos criminales recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad puedan realizar videollamadas, está provocando una pugna entre Gendarmería y los magistrados.

El 25 de enero el mencionado juez ordenó el otorgamiento del beneficio para cuatro internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), quienes podrían comunicarse con terceras personas que no se están autorizadas por la administración penitenciaria, reveló esta jornada un reportaje de Meganoticias.

La preocupación de Gendarmería apunta a que las videollamadas podrían efectuarse con terceros que no tienen su identidad debidamente acreditada, lo que «pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada».

En el recinto permanecen recluidos los principales criminales del país, vinculados en su mayoría al crimen organizado y a conocidas bandas como el Tren de Aragua y el clan Los Gallegos.

Además, el juez Urrutia ordenó a Gendarmería que concrete la realización de una visita íntima al reo Rafael Marín Vielma, de nacionalidad colombiana, que purga una condena de quince años por narcotráfico, pese a que en aquella cárcel de máxima seguridad no existen dependencias para ese fin.

CORTE DE SANTIAGO PONE FRENO
La pugna escaló a la Corte de Apelaciones de Santiago, que dictó una orden de no innovar, es decir, suspendió la aplicación de la orden judicial mientras resuelve el fondo del recurso que interpuso Gendarmería.

En el reclamo, la institución penitenciaria expuso que, «considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados».

En ese sentido, el hecho de que las personas encarceladas puedan comunicarse libremente con terceros es «particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración».

El coronel Luis González Báez, subdirector Operativo (s) de Gendarmería, explicó a Meganoticias que «el REPAS alberga a los internos de mayor peligrosidad a nivel nacional, porque han cometido delitos de alta connotación pública, en contra de las personas, por lo tanto, están en un régimen diferenciado de reclusión que obviamente es mucho más restrictivo» respecto a otras cárceles.

«ES GRAVÍSIMO», RECRIMINA EL GOBIERNO
En declaraciones al citado medio, el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, recalcó que «estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país; aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior».

Por ello, «permitirles videollamadas es dejar en cero aquello», pues pone «en riesgo» la seguridad de los funcionarios penitenciarios y de la seguridad de la sociedad: «Por eso esta resolución es gravísima».

«En el recinto especial de alta y máxima seguridad reaperturado por el Presidente de la República en abril del año pasado, se encuentran los criminales más peligrosos que tenemos en el sistema penitenciario», recordó Gajardo, enfatizando que el recinto fue reabierto justamente para implementar un régimen segregado, a fin de no contaminar criminológicamente al resto de la población penal y «poder desbaratar las bandas de crimen organizado».

También recriminó la resolución el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien relevó que las autoridades han estado realizando potentes inversiones en seguridad carcelaria.

«Estas decisiones dinamitan el esfuerzo conjunto que estamos realizando con el Gobierno y ponen en riesgo la seguridad de Gendarmería para combatir el crimen organizado», fustigó en la red social X (antes Twitter).

POLÉMICO JUEZ
El año pasado, la Corte Suprema confirmó una sanción del tribunal de alzada santiaguino contra el juez Urrutia por haberse «autoasignado» una causa y liberado a 13 imputados por participar en la «primera línea» durante el estallido social de 2019, época en que tomó notoriedad.

En 2022, en tanto, había instruido un sumario contra el magistrado por no respetar la prescindencia al haber manifestado su apoyo al Apruebo de cara al plebiscito del primer proceso constitucional.

VIDEOLLAMADA DESCONOCIDA DEL TREN DE ARAGUA
En el reportaje, Gendarmería reveló un desconocido hecho de similares características, que sí se concretó: dos integrantes del Tren de Aragua en Chile, que permanecen en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad a la espera del juicio en su contra, realizaron una videollamada con familiares el pasado 23 de enero, con la ayuda de su abogado.

Estos fueron Carlos González Vaca, alias «El Estrella», sindicado como el líder de la organización criminal en nuestro país, y el sicario Hernan Landaeta, apodado «El Satanás».

Todo ocurrió en medio de las audiencias de preparación del juicio oral, que se realiza de forma remota: en este marco, el defensor Claudio Cofré le solicitó al juez de Garantía de Pozo Almonte una autorización para reunirse en privada con tres acusados, los dos mencionados y Zeus Velásquez Aquino.

El magistrado accedió, otorgando un lapso de 15 minutos para el encuentro. Al tratarse de una reunión de carácter privado, los gendarmes a cargo esperaron en el acceso de la sala de conferencia, desde donde se percataron que los internos estaban conversando con familiares mujeres a través de una videollamada en el teléfono del abogado: al verse sorprendido por los funcionarios, el letrado bajó el celular y retomó la supuesta conversación sobre la audiencia.

«Este tipo de situaciones afecta la seguridad del establecimiento, por desconocer la identidad de las personas con las cuales los imputados mantienen contacto, y que estos hechos se originan por la acción de un interviniente»», advirtió entonces el alcaide en un oficio remitido al Juzgado de Garantía respectivo.

Fuente: Cooperativa

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