“CONDENADO SIN JUICIO”

Por estos días, el nombre del comediante Dino Gordillo vuelve a ocupar titulares, pero no por su trayectoria ni por las risas que ha regalado durante décadas, sino por una acusación grave: haber besado a una menor de edad en pleno escenario. Más allá de la sensibilidad que un hecho de esta naturaleza provoca —y que exige una investigación seria y responsable— lo que resulta profundamente preocupante es el tratamiento comunicacional que ha rodeado el caso, particularmente por parte de la municipalidad organizadora del evento.

Lejos de limitarse a informar que los antecedentes serían puestos a disposición de las autoridades competentes, el discurso oficial ha dado por establecida una intencionalidad premeditada, instalando en la opinión pública la idea de una conducta deliberada por parte del artista. Este enfoque no solo resulta imprudente, sino que vulnera un principio básico del Estado de Derecho: la presunción de inocencia.

No se trata de restar importancia a una denuncia ni de minimizar la protección que merecen los menores de edad. Se trata de exigir que las instituciones actúen con responsabilidad y mesura, evitando transformarse en tribunales mediáticos que condenan antes de que exista investigación alguna. Cuando una autoridad pública sugiere culpabilidad sin sentencia, el daño es inmediato, profundo y muchas veces irreparable.

Las características personales y la trayectoria de Dino Gordillo distan radicalmente de la conducta que se le imputa. Con más de cuatro décadas sobre los escenarios, su humor ha sido familiar, transversal y alejado de polémicas de esta naturaleza. Las acusaciones han tenido un impacto devastador , al punto que al cierre de esta edicion ha sido objeto de multiples amenazas en contra de su familia, reflejando el peso de una condena social anticipada.

A ello se suman los dichos de su propia hija, quien se encontraba presente en el escenario al momento del incidente. Según su testimonio, lo ocurrido fue producto de una confusión en medio de la dinámica del espectáculo, sin intención alguna de vulnerar a nadie. Este antecedente, lejos de ser marginal, aporta una mirada directa y contextual de los hechos, que contrasta con la narrativa categórica instalada por algunos actores institucionales.

Cabe preguntarse, con sentido común: si hubiese existido una intención impropia, ¿qué lógica tendría ejecutarla en un escenario, frente a cientos de personas, con cámaras, prensa, su hija presente y el escrutinio público total? La sola hipótesis resulta difícil de sostener desde la racionalidad.

El daño ya está hecho. La honra de una persona ha sido puesta en tela de juicio, su salud afectada y su imagen pública erosionada. Y todo ello antes de que los hechos sean esclarecidos por las vías correspondientes. Este caso debe servir como una advertencia sobre el poder devastador del juicio mediático y la responsabilidad que recae en las autoridades al comunicar situaciones sensibles.

La justicia debe investigar, esclarecer y, si corresponde, sancionar. Pero mientras eso no ocurra, la prudencia no es una opción: es una obligación. Porque cuando se destruye la presunción de inocencia, lo que está en riesgo no es solo la reputación de un individuo, sino la credibilidad de nuestras instituciones y el respeto por el debido proceso.