Caperucita Ministra y el Lobby Feroz

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Francisco Silva J.

Una de las “peores ministras de medioambiente”,  “una decepción” y una autoridad “intransigente”  eran los calificativos que en redes sociales y en círculos políticos se habían instalado en torno a la imagen de la ministra Maisa Rojas. Lo anterior se acrecentó  con la revelación de las cenas en casa del ex alcalde y actual lobbista Pablo Zalaquet, momento a partir del cual, comenzaron a salir críticas y trascendidos. Un negativo escenario para la ministra que ahora deberá explicar otro capítulo del lobby, uno que protagoniza junto a los dueños de las importadoras de autos.

En momentos que el país aún no sale del asombro por las  grabaciones del abogado Hermosilla, el intento por autorizar el movimiento transfronterizo de residuos tóxicos,  los delitos del alcalde de Algarrobo, la formalización de Cathy Barriga  y las comidas en la casa del exalcalde y lobbista Zalaquet, un reportaje de canal 13,  deja en evidencia otra acción de la ministra Maisa Rojas y la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Esta vez a favor del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos.

¿A espaldas del presidente Boric?

En 2016, el entonces Diputado Gabriel Boric dijo esto resulta un sin sentido, porque se quiere promover el reciclaje en Chile, pero abriendo la frontera, para que se exporte la materia prima a reciclar. Y esto significa que el Ministerio del Medio Ambiente está desconociendo el camino que se había avanzado, cediendo al lobby de los importadores de baterías, por ejemplo, la empresa DERCO, el convenio de Basilea, que pretende restringir al máximo este movimiento transfronterizo”.

Si hoy día en Chile se fiscaliza poco, y lo poco que se fiscaliza se fiscaliza mal, ¿qué seguridad podemos hoy día otorgar de que los residuos se valoricen en forma adecuada en países como Perú y Honduras, queremos aumentar el reciclaje en Chile o mandarlo para afuera?

Esto es un golpe importante a la industrialización de Chile, porque se destruyen todos los incentivos para que el desarrollo de una industria sustentable de reciclaje en el país, pierde la industria. No hay una visión a largo plazo, no hay una visión de empleo y generación de valor de una industria de reciclaje en Chile.

Estas palabras del Diputado Gabriel Boric, parecen profetizar algo que hoy estaría ocurriendo.   “Desde la oscuridad del anonimato,   alguien quiere destruir la industria nacional del reciclaje, sólo por intereses económicos de las grandes empresas y  el lobby feroz que hemos visto en este tiempo,  funcionarios públicos desconociendo las palabras del actual presidente y lo mas grave, estas personas han mostrado públicamente su disposición a apoyar una causa que no se alinea con el espíritu tan comprometido del ahora presidente” señala un dirigente ecologista que pidió reserva de su nombre.

Es conocido el rechazo que existe en círculos medioambientales y científicos a  la aprobación que se dio en el Comité de Ministros por la Sustentabilidad, del reglamento que permite los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos.  Incluso, en  diversos reportajes se ha presentado lo extraño que resultó conocer la aprobación de esta entidad a una medida como esa, entendiendo además que se  trata de un gobierno autodefinido como “ecológico”.  

El más reciente reportaje sobre este tema,  fue emitido por canal 13 el 14 de enero. La nota realizada por el periodista Emilio Sutherland, abordaba el problema y ponía en evidencia el creciente  malestar entre parlamentarios de varios sectores con el Ministerio del Medio Ambiente.  Los parlamentarios, que coinciden en su rechazo,  no disimulan su decepción con el curso de acción del  Ministerio en este tema.  Para ellos, se consolida la  actitud poco dialogante y técnicamente inapropiada de la Ministra Rojas,  frente a una discusión que se ha extendido por más de 18 meses. 

En el desarrollo del reportaje, millones de televidentes pudieron apreciar  en las imágenes a una ministra Maisa Rojas acompañada de dos personas, en la mesa de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Los acompañantes no eran elementos técnicos del MMA, como se podria esperar.  Eran  representantes de ANIR: la Asociación Nacional de la Industria Reciclaje.   

Si bien el nombre suena bien, ellos juegan un papel que a juicio de muchos es incompresible. Están a favor del reglamento. Contrario a lo que creeríamos por su nombre; ANIR  no cuida el desarrollo de la industria local.  Según se puede inferir, habría realizado un  incansable lobby para lograr todo lo contrario.  Asi lo manifiesta en redes sociales la propia Antonia Biggs Fuenzalida, Gerenta General de esta asociación.   “Hoy como Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje A.G junto a los abogados Jorge Canals de la Puente y José Francisco García de GPG Abogados sostuvimos una reunión con el subsecretario Maximiliano Proaño del Ministerio del Medio Ambiente en señal de respaldo y apoyo a la aprobación del Reglamento de Movimiento Transfronterizo de Residuos por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad” .

En el contexto actual, en donde la Ministra está cuestionada por sus reuniones no informadas que aparecen de a poco, surge la duda. ¿La ministra en cuántas ocasiones se habría reunido con  ANIR? Incluso en el Congreso se les  ve  actuando en forma conjunta.   Las preguntas son evidentes. ¿Esto  fue informado como Lobby?. Pero ¿quiénes son realmente esta Asociación?.

Como pudimos constatar en su página web, curiosamente, uno de los miembros  es la empresa Sociedad Comercial EcoValor S.A, la cual es propiedad de las empresas; Automotores Gildemeister y Derco Inversiones, 50% cada una.  Esta última empresa, Derco, fue señalada directamente por el Diputado Gabriel Boric, quien en 2016,  hizo mención a su  lobby desplegado en aparato público. 

Ecovalor, integrante de  Anir,  tiene un historial cuestionable desde varias aristas. Por ejemplo;  según consta en la actual causa que lleva adelante el Ex Fiscal Carlos Gajardo,  con fecha 21 de abril de 2023, Ecovalor entregó baterias automotrices fuera de uso a la Empresa Etna, quienes no contaban con autorización para la gestión de estos residuos y estos últimos, además entregaron luego a Fundición Alcones, domiciliada, según consta en el documento presentado por el exfiscal, en la misma dirección de Anir.  ¿Al menos reprochable?.

Fundición Alcones carecía de prácticas seguras para los trabajadores, vecinos y el medioambiente. Como  resultado,  dos trabajadores de esta fundición terminaron con graves daños a su salud, debiendo ser indemnizados por doscientos millones de pesos, suma inédita en un fallo de esta naturaleza, lo que prueba el grave daño que se les causó y lo que terminó con la clausura de dicha fundición.

Como dato adicional, la Fundición Alcones era de propiedad de Gonzalo Izquierdo y su hermano Roberto fue Presidente de Anir y en algunos casos se le sindica como su fundador, por tanto es fácil entender los vínculos y lobby de Anir para proteger a sus socios.

Lo anterior, además se ve demostrado en un reportaje de Canal 13 de julio de 2023,  en el cual se muestra al abogado de Ecovalor Sr. Juan Alberto Salas quien al ser consultado respecto a si sabían el destino final de estas baterías en desuso señaló que Ecovalor realizó la venta de estas baterías. Sin embargo, el tratamiento que se haga de estas o el destino que estas tengan, la verdad escapa de nuestro conocimiento y habría que preguntarle a las empresas respectivas” declaración que nuevamente pondría en evidencia que para la empresa Ecovalor, lo importante es la venta y los beneficios económicos.  Lo que luego ocurra, no es parte de sus intereses como un eventual compromiso por el bienestar de las personas y el medioambiente, al tratarse de un residuo peligroso.

Otro antecedente que se nos proporcionó,  dice relación con que  además de no tener prácticas responsables con su entorno, Ecovalor también aprovechó la posibilidad de evadir impuestos con la emisión de facturas exentas de IVA por más de ciento treinta y tres millones de pesos, lo que también se detalla en la causa del exfiscal.

A todo lo expuesto,  se suma la pérdida de la confianza en la secretaria de estado, situación que  los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente pusieron de manifiesto.  Si bien la última sesión de esta comisión  apuntaba a  iniciar la tramitación del proyecto de Ley Orgánica impulsado por el  Ejecutivo, el reproche a Rojas fue el protagonista de la jornada. 

La gravedad del tema quedo clara, cuando   el diputado Daniel Melo solicitó paralizar la sesión, argumentando que “no se puede hacer como que no pasó nada”. En ese contexto,  algunos parlamentarios apuntaron a que Rojas no contó toda la verdad y que se enteraron de nuevos antecedentes por la prensa, al mismo momento otros parlamentarios  aseguraban a los medios que la confianza con la ministra se había roto.

Mucho antes, en esa misma comisión, Maisa Rojas, ya  había  concurrido con los directivos de ANIR. En caso de escalar públicamente este tema,  nos asalta la duda, ¿la ministra, comentará que al igual que con Zalaquett no conoce a la Sra. Biggs?.  

La complejidad anterior,   trasciende también al equipo de la Ministra. En la misma oportunidad en  que se ve a la secretaria de estado, acompañada por la señora Biggs, también se le ve acompañada por Nicolás Fernández,  Presidente de Anir,  quien en momentos de iniciar la reunión en la Comisión,  indica que aún falta “Tomás”,  refiriéndose al actual Jefe de la Oficina de Economía Circular del MMA.  Claramente una expresión muy cercana. Probablemente, la amistad cívica. 

 Otra hecho curiosos, es que se pudo ver en el reportaje de Canal 13 que directamente un  encargado de comunicaciones le pide  a la ministra  “cortar” a Emilio Sutherland.

Todo lo expuesto,   nos lleva a la interrogante. ¿qué define la ministra para relacionarse en pro de las leyes y desarrollo de nuestro país? ¿Quiénes poseen el nivel para reunirse con ella?.

 Definitivamente el problema de transparencia y credibilidad estaría  instalado en el ministerio de Maisa Rojas y como el reza el viejo dicho, “dime con quien andas y te diré quién eres”.

La aprobación del Reglamento de Movimiento Transfronterizo de Residuos es una medida  contraria a la recomendación de expertos en riesgos toxicológicos.  Entendido así,  el gobierno de Gabriel Boric,  deberá buscar una forma de resistir las críticas de la comunidad científica y  explorar la forma de armonizar lo que hace y dice,   con los compromisos derivados de la   suscripción del Convenio de Basilea en 1992 y de su ingreso a la OCDE en 2010.

En el  escenario actual, no sabemos que es más grave. La violenta forma de contradecir el discurso de Gabriel Boric, generar un problemas con ecologistas, desatender la impopularidad de la medida, o  comprarse otro flanco para que oposición y oficialismo dejen solo al gobierno.

Lo impensable sería que todos estos hechos, escribieran un nuevo capítulo de los efectos del cuento “Caperucita Ministra y el lobby Feroz”. Esto  implicaría otro  serio cuestionamiento  a la imagen de la  ministra. Tal como en su oportunidad se  dio a entender en un medio electrónico;  las malas decisiones de una ministra, no las paga ella,  las paga el gobierno en su conjunto.    

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