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La decisión del Gobierno de recurrir a la Corte Suprema en el caso del juez Héctor Barraza ha generado una intensa polémica en el ámbito judicial. La Asociación Nacional de Magistrados ha cuestionado esta acción, argumentando que representa una clara intromisión en la independencia del Poder Judicial.
El caso involucra a Los Gallegos, una temida banda criminal que opera en la región norte del país. El juez Barraza, quien lleva adelante el proceso judicial, decidió liberar la lista de testigos protegidos a la defensa de estos criminales. Esta acción ha sido ampliamente criticada, ya que pone en riesgo la vida de estos testigos clave para el avance de la investigación.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno ante esta situación ha sido calificada por muchos como una medida desproporcionada. El hecho de llevar el caso a la Corte Suprema, en lugar de tramitarlo internamente en el Poder Judicial, ha generado preocupación entre los magistrados. Consideran que esta acción pone en tela de juicio la autonomía del sistema de justicia, al permitir que el Gobierno se inmiscuya en un caso particular.
La Asociación Nacional de Magistrados ha emitido un comunicado en el que destaca que la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental en el Estado de Derecho. Afirman que los jueces deben ser libres para tomar decisiones basadas en la ley y la evidencia, sin temor a represalias o presiones externas.
Esta no es la primera vez que se registra un conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial en el país. En los últimos años, ha habido varios casos en los que el Gobierno ha cuestionado decisiones tomadas por jueces, generando un clima de tensión y desconfianza. Esta situación no solo afecta la credibilidad del sistema de justicia, sino que también puede tener consecuencias negativas para el Estado de Derecho en su conjunto.
En conclusión, la intromisión del Gobierno en el caso del juez Héctor Barraza ha generado una profunda preocupación entre los magistrados. La independencia del Poder Judicial es un principio fundamental en cualquier Estado de Derecho, y es necesario preservarlo para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el sistema de justicia. El recurso a la Corte Suprema en este caso representa una medida desproporcionada que pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial. Es importante que se respete la labor de los jueces y que se evite cualquier tipo de presión o interferencia por parte del Gobierno. Solo así se podrá garantizar la justicia y el cumplimiento de la ley en beneficio de toda la sociedad.
