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Según la encuesta “La opinión pública sobre la ‘Era de Pinochet’ 1973 -2023”, de CERC y Mori, un tercio (36%) de quienes fueron consultados indicó que las Fuerzas Armadas “tenían razón para dar el golpe de Estado” y un 41% opinó que “nunca hay razón para dar un golpe”. Resulta preocupante que cuando han trascurrido 50 años de ese acontecimiento, persista la opinión de que la violencia es un camino legítimo, en desmedro de mecanismos democráticos de resolución de conflictos.
La opción por la violencia, que dio paso a crímenes de lesa humanidad contra miles de personas en Chile durante la dictadura, nunca puede ser justificada. Más aún cuando bajo una política de terror estatal, amplios segmentos de la sociedad vieron gravemente deterioradas sus condiciones de vida. Recordemos que en 1987 el 45% de la población vivía bajo la línea de la pobreza.
Discursos que exacerban el recurso autoritario y la restricción de derechos frente a contextos de inseguridad, o incluso ante un escenario de tensión política, sin duda pueden favorecer la reivindicación del golpe de Estado, capturando la necesaria crítica hacia un evento que significó tortura, muerte y desaparición.
Tal vez entre quienes habitan hoy el país, en especial los nacidos después de 1990, la democracia no hace grandes diferencias en cuanto al bienestar individual y creen que una salida autoritaria puede ser conveniente, considerando las amenazas que se ciernen sobre la seguridad. Sin embargo, sólo más democracia y políticas públicas acordadas en su seno con el horizonte de los derechos humanos, nos permitirán seguir mejorando el estándar de las personas. Ni el más perfecto argumento en pro de una salida dictatorial puede compararse a tamaña constatación.
Por Consuelo Contreras, directora INDH.
